La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que tomará medidas más severas para lograr que las autoridades de todos los niveles cumplan las sentencias de amparo, incluso al grado de resolver en 10 días si separa de su cargo y consigna ante un juez a quienes no acaten las órdenes de los jueces.

La decisión la dio a conocer en la sesión de este día, luego de que, el tesorero del Distrito Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y varios funcionarios del área encargada de recaudar los impuestos en la capital del país, se salvaron de ser separados de su cargo y consignados directamente ante un juez de distrito por el delito de desacato, porque en el último momento se comprobó que acataron una sentencia que los obligaba a devolverle parte del pago que hizo la empresa Apasco por el impuesto predial.

Los funcionarios locales acataron la orden apenas el 9 de marzo pasado, tan pronto como se enteraron de que este asunto sería resuelto por el Pleno de la Corte y, con ello, evitaron las sanciones que se preparaban en su contra.

Después de revisar este caso, el Pleno de la Corte dio a conocer que las autoridades de todos los niveles de gobierno, locales, estatales y federales, cada vez, con mayor frecuencia incumplen o alargan al máximo el cumplimiento de las sentencias de amparo que dictan los jueces y magistrados federales.

Para hacer frente a esta situación la Corte resolvió derogar un acuerdo emitido por la propia Corte, que, en la práctica, les daba más tiempo a las autoridades para alargar o evitar el cumplimiento de una sentencia, incluso por varios años.

El acuerdo que determinar derogar, reconocieron los propios ministros del máximo tribunal, convirtió a la Corte en una especie de gestor que tenía prácticamente que estar persiguiendo a los funcionarios que cumplieran las sentencias para que no fueran sancionados.

Las autoridades "han evadido dolosamente el cumplimiento de sus sentencias. Es indispensable, inaplazable, que este alto tribunal tome las medidas que considere necesarias para que las ejecutorias dictadas sean inmediatamente acatadas", aseguró el ministro Sergio Valls.

Por este motivo los ministros del máximo tribunal del país decidieron redactar un nuevo acuerdo con base en el cual, una vez que un tribunal federal denuncie ante la Corte el incumplimiento de una sentencia, las autoridades aludidas tendrán sólo 10 días para cumplir las ordenes de los jueces o para demostrar que es imposible acatar la sentencia que le dictaron.

Porque, después de este periodo, la Corte procederá a aplicar las sanciones que contempla el artículo 107 de la Constitución y el 16 de la Ley de Amparo que faculta al máximo tribunal a separar de su cargo a los funcionarios que no cumplan una sentencia y a consignarlos directamente ante un juez federal, sin necesidad de pasar por el ministerio público, para que los procese por el delito de desacato.

El nuevo acuerdo será redactado en los próximos días y entrará en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación.