La comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, dejó entrever que se cometieron violaciones graves a las garantías de la población, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe de la investigación que realizaron en torno a este caso.

Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino aclararon que en su reporte  no "se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales".

Pero salvo este punto, los magistrados no dieron a conocer más datos del contenido del informe que le entregaron al presidente del máximo tribunal del país, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Los encargados de investigar la actuación de las administraciones del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del ex presidente Vicente Fox, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, se limitaron a leer ante los ministros del máximo tribunal una síntesis de sus indagatorias en la que indicaron que el informe que entregaron consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas.

En cambio, lo que sí hicieron fue explicar qué datos son los que no contiene su informe, porque sus actuaciones, aclararon, "no tuvieron el propósito de recabar la información y la documentación pertinente como si se tratara de actuaciones de naturaleza penal, de procuración de justicia o de un organismo protector de derechos humanos".

"Tampoco -aclararon- se trató de reproducir las actividades que en su momento llevaron a cabo instituciones protectoras de los derechos humanos y órganos públicos encargados de la procuración y administración de justicia, aun cuando se obtuvo su colaboración y se analizó la información y documentación que proporcionaron, pues igualmente se tuvo claro que la finalidad de esta investigación es la protección de las garantías y derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto".

Ante el Pleno de la Corte, Roberto Lara y Manuel Baraibar, dijeron que "dentro del conjunto de acontecimientos que alteraron el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y la zona conurbada", se encargaron de investigar los siguientes cuatro puntos:

a)      La probable violación de garantías de personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, respeto al derecho de propiedad, entre otras;

b)      La probable violación generalizada de garantías individuales, especialmente libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información.

c)      Los probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales; y

d)      Las probables omisiones o pasividad del as autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trata.

Y, sin proporcionar mayores datos, en torno a los resultados de la investigación en estos puntos, los magistrados reportaron que "en el propio informe preliminar se formulan las conclusiones respectivas, en las que se da respuesta a cada uno de los objetivos establecidos, para que este Tribunal Pleno del a Suprema Corte de Justicia de la Nación, determine en definitiva si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a las garantías individuales y derechos fundamentales".

Después de presentar su informe, el presidente de la Corte dio por concluidas las actividades de la comisión investigadora -que se creó desde junio de 2007 a petición de la Cámara de Diputados- y, por turno, se le asignó el análisis del informe al ministro Mariano Azuela Güitrón, quien deberá elaborar un dictamen en el que le proponga al Pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías en el caso Oaxaca.

Azuela concluye su periodo el 30 de noviembre próximo, por lo que se desconoce qué pasará si no alcanza a elaborar el dictamen en torno a este caso, pues, si él lo considera necesario, puede citar a todas las autoridades involucradas en los hechos para que declaren y presenten sus argumentos en torno a los hechos investigados, con lo que se alargaría el proceso.

grg