Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para reformar los artículos 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 248 del Código Penal Federal, con el fin de castigar con penas de hasta 12 años a testigos protegidos o colaboradores que falseen información.

Asimismo, la iniciativa presentada por los diputados Gerardo Vargas Landeros, Raúl Cervantes Andrade, Emilio Gamboa Patrón, Gilberto Ojeda Camacho, Francisco Rivera Bedoya y César Camacho Quiroz, pide que el castigo se aplique también a servidores públicos que promuevan la comisión de ese delito.

Según información dada a conocer este martes, a nivel nacional más de 80% de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada se sustentan en testimonios de personas vinculadas al crimen, sin embargo, los diputados afirman que la mayoría de los dichos aportados por estos presuntos delincuentes resultan mentira.

"El perdón jurídico y el subsidio económico compelen al testigo protegido a ofrecer de manera cobarde y deshonesta imputaciones falsas", aseguraron.

Además, agrega el documento, existen circunstancias en las que inculpados se convierten en falsos testigos protegidos, debido a la instigación dolosa que ejercen sobre ellos policías  o agentes ministeriales que, con el fin de resolver un caso de manera manipulada, los llevan a declarar contra determinadas personas sin elementos que correspondan a la realidad.

Los legisladores explicaron que para combatir a la delincuencia organizada se estableció la figura del testigo protegido, para que la Procuraduría General de la República (PGR) otorgue apoyo y protección suficientes a las personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre los delitos de delincuencia organizada así se requiera.

De igual forma, detallaron que para terminar con las organizaciones criminales se instauró la imagen de colaborador, que consiste en otorgarles diversos beneficios legales a los miembros de la delincuencia organizada para que presten ayuda eficaz en la investigación y persecución de delincuentes.

Sin embargo, de 1996 a la fecha estas figuras han permitido que algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado se conviertan en colaboradores o testigos protegidos a cambio de los beneficios que les otorga la ley, pero hasta la fecha se tienen resultados insuficientes, enfatizan.

Por ello, la propuesta busca imponer pena de cinco a doce años de prisión y de 300 a 500 días multa, al testigo protegido o colaborador que interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltar a la verdad.

Así como de seis a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa, al que examinado por alguna autoridad judicial teniendo la calidad de colaborador o testigo protegido, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar.

El documento enfatiza que si quien comete el delito fuera servidor público, se le incrementará el castigo en una tercera parte de las penas señaladas, según corresponda, además de ser destituido de su empleo y se le inhabilitará durante un periodo de ocho a 12 años.

vrs