Al presentar la propuesta, el senador Mario López Valdez dijo que la carta magna prohíbe que los extranjeros adquieran el dominio directo de tierra en una franja de 50 kilómetros en playas y 100 kilómetros a lo largo de las fronteras.

La prohibición se adoptó en 1917 pues México había sufrido varias invasiones extranjeras, pero hoy todo es diferente y ello impide el buen funcionamiento del sector turístico, además de que carece de apego a la práctica nacional, afirmó.

López Valdez indicó que el ordenamiento constitucional no impide a los extranjeros invertir u obtener el uso o aprovechamiento de bienes inmuebles en playas nacionales o en la franja fronteriza por medio de fideicomisos.

Otro mecanismo son los tiempos compartidos, por el cual las propiedades son mantenidas por un desarrollador turístico y el comprador tiene el derecho a usar los inmuebles por cierto tiempo, y al término los derechos regresan al desarrollador, subrayó.

El legislador por Sinaloa señaló que en 2007 existían cuatro millones 300 mil personas con una propiedad vacacional, de las cuales 69.8 por ciento eran extranjeros y 30.2 por ciento mexicanos, con una derrama económica de 4.67 mil millones de dólares.

Además, en 2008, 48 por ciento de la inversión del sector provenía del extranjero (más de dos mil 200 millones de dólares) , y los mayores capitales son estadounidenses, con 46.59 por ciento de la inversión extranjera total del año pasado, afirmó.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) precisó que por ello se plantea que las personas físicas extranjeras no morales puedan comprar propiedades en playas mexicanas para uso único y exclusivo de casa-habitación y sin fines comerciales, sin menoscabo de la soberanía.

México tiene 11 mil kilómetros de litorales y ostenta el lugar 12 a nivel mundial en longitud costera, por lo que de aprobarse la reforma será un fuerte incentivo para que los extranjeros inviertan en estos lugares, con amplios beneficios para la población, agregó.
La iniciativa de reformas al Artículo 27 de la Constitución Política fue turnada a comisiones de la Cámara alta para su análisis y dictaminación.

cgb