A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le piden que resuelva de todo, desde qué hora es, dónde se tira la basura hasta cómo se debe repartir el agua, pero pocas veces había tenido un asunto tan picante que la hiciera meterse hasta la cocina, como el caso del chile habanero.

Porque ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también tiene en sus manos la solución de un conflicto muy picoso en el que los tres estados que integran la península de Yucatán se disputan la denominación de origen del chile habanero en México.

Se trata de un caso al que, durante casi cuatro años, empresarios y autoridades de Yucatán, Quintana Roo y Campeche se han encargado de agregarle una serie de ingredientes que van desde “madruguetes” hasta acuerdos gubernamentales que no se respetaron, y que al final generaron una mezcla conflictiva que terminó cocinándose en el máximo tribunal del país.

En donde, por cierto, tendrá que hacer una larga fila, pues, si bien le va, terminará cocinándose hasta finales del año, por la cantidad de asuntos en ebullición que tiene pendientes de atender la Corte.

Y mientras ocurre, ningún empresario de los tres estados podrá disfrutar de los beneficios de la denominación de origen.

Porque durante los meses —incluso años— que tarde en resolverse el juicio, los empresarios agrupados en la asociación civil Chile Habanero de Yucatán no gozarán de la denominación de origen que les otorgó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en octubre del año pasado.

De tal suerte que la única forma de destrabar el conflicto, de manera rápida, es evitar que sólo uno de los estados quiera comerse el platillo —sin convidar a los demás— y respetar el acuerdo al que habían llegado desde 2007 para que la denominación abarque a toda la península y no sólo a Yucatán, como pretenden los productores de esa última entidad del país.

La historia del conflicto

Desde el 23 de marzo de 2005, los integrantes de dicha asociación civil acudieron ante el IMPI para que dicho instituto emitiera una declaratoria en el sentido de que el chile habanero era originario de Yucatán.

Dos años más tarde, el 17 de octubre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación su petición para que quien no estuviera de acuerdo con la misma se lo hiciera saber al Instituto.

La respuesta llegó rápido. Un par de semanas después de la publicación, empresarios productores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo acudieron ante el IMPI para pedir que a la denominación de origen se incluyera a las tres entidades.

En noviembre siguieron las pláticas y firmas de acuerdo en el mismo sentido.

Así, hasta que el 6 de diciembre de 2007, los tres gobernadores de dichas entidades acordaron solicitarle al IMPI, de común acuerdo, que cambiara la solicitud inicial de declaración de origen “Chile Habanero de Yucatán”, por la de “Chile Habanero de la Península de Yucatán”.

Un mes después del acuerdo entre los gobernadores, el IMPI le preguntó a los productores yucatecos si estaban de acuerdo con la propuesta de los mandatarios.

Y, de manera sorpresiva, los empresarios yucatecos —respaldados por autoridades de su entidad— pidieron mantener su petición inicial para que la declaración sólo abarcara a Yucatán y se excluyera a Quintana Roo y Campeche.

Por este motivo, la petición original siguió su cause, hasta que el 10 de octubre de 2008, el IMPI emitió la “Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Chile Habanero de Yucatán”.

Frente a la decisión, Quintana Roo promovió un juicio de controversia constitucional en el que impugnó la decisión del IMPI, por considerar que la declaración debe abarcar a toda la península.

Como primera medida, el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, ordenó que se suspendiera el registro de la declaración de origen, a fin de no perjudicar a los empresarios de Quintana Roo y Campeche, tanto en el mercado nacional como internacional.

Luego, la suspensión fue impugnada por el gobierno de Yucatán, pero su recurso de reclamación (107/2008), no tuvo éxito.

El 25 de febrero pasado fue declarado infundado, de manera unánime por los ministros de la Primera Sala.