En agosto de 2006, tres mujeres indígenas otomíes, entre ellas Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas en Querétaro por ser las presuntas secuestradoras de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Tres años después, un juez les dictó una sentencia de 21 años de prisión a cada una.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juáez, denunció que Jacinta fue sentenciada injustamente por el delito de secuestro y en su caso persistieron graves desigualdades en el sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia.

Criticó que los mismos agentes que se asumen como víctimas de secuestro sean los testigos y la parte investigadora en el caso.

En conferencia de prensa, Arriaga lamentó que el Centro Pro haya tenido conocimiento del caso cuando ya estaba por finalizar el proceso de sentencia por lo que ahora presentarán la apelación que resolverá el Tribunal Unitario de Circuito en Querétaro la segunda semana de marzo.

Si no les es favorable, aún queda el amparo directo ante un juzgado independiente que analizará el caso.

Vía telefónica desde el penal de San José el Alto en Querétaro, la propia Jacinta aseguró que fue obligada a firmar papeles sin que nadie le explicara el contenido ya que no sabe leer bien en español.

Dijo que han sido sus propias compañeras de celda las que ahora le han enseñado a hablar y leer español.

Pidió a las autoridades que revisen su caso ya que fue acusada injustamente de secuestro.

El 26 de marzo de 2006 en el mercado de la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, llegaron seis agentes federales armados sin identificaciones.

Selectivamente tomaban mercancía --presuntamente ilegal-- de varios de los puestos y realizaron destrozos.

Unos 80 comerciantes los rodearon y fueron los mismos agentes quienes propusieron que uno de sus compañeros se quedaba en garantía mientras ellos irían por dinero para pagar los daños.

El 2 de agosto de ese año, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron presentadas como presuntas secuestradoras de los elementos federales. El 19 de diciembre del año pasado fue sentenciada a 21 años de prisión.

Arriaga dijo que el caso fue presentado por vecinos de Jacinta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pero se estudió a fondo.

Adelantó que presentarán una queja ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se revise la actuación de los agentes federales Jorge Ernesto Cervantes (se quedó el garantía), Juan Francisco Melo Sánchez, Jorge Evaristo Preda, Luis Eduardo Nache, Antonio Guadalupe Romero y Antonio Bautista.

fml