La iniciativa, publicada hoy en la Gaceta del Senado, plantea reformar los artículos 14, 18 y 22 de la Constitución "para establecer nuevamente las bases constitucionales que permitan al legislador ordinario federal y local, regular los supuestos en los que será aplicada la pena de muerte a los responsables de la comisión del delito de terrorismo, privación ilegal de la libertad y homicidio calificado, en los términos que prevea la Legislación Penal que resulte aplicable".

En diciembre pasado se desató polémica por la aplicación de la pena de muerte ante la propuesta lanzada por el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, lo cual unificó el rechazo del PAN y del PRD, mientras que el PRI planteó analizar y discutir el asunto.

Además, prevé "reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer los supuestos específicos en los que será aplicada la pena de muerte tratándose de los delitos de competencia federal".

Y modificar "la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prever que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que conozca de los juicios de amparo directo que se promuevan en contra de las sentencias penales que confirmen la pena de muerte".

Los legisladores sostienen que "es importante aclarar que la propuesta que se formula en esta Iniciativa no pretende retomar completamente el esquema que se tenía antes de la entrada en vigor de la reforma Constitucional publicada el 9 de diciembre de 2005, ya que si bien se propone reinstaurar la posibilidad de aplicar la pena de muerte, su aplicación se limita exclusivamente a los delitos que más laceran a la sociedad mexicana contemporánea como son: el homicidio calificado, el terrorismo y el secuestro".

Así, argumentan, "con la adopción de este esquema se deja a criterio del legislador ordinario, tanto Federal como Local, la determinación de los supuestos normativos específicos y la forma en la que deberá aplicarse dicha pena".
En el ajuste al Código Penal proponen que la ejecución de una persona pueda ser atestiguada por periodistas.

En el artículo 39 bis 2 del Código Penal se establece que "la aplicación de la pena no podrá ser pública ni se trasmitirá por ningún medio de comunicación; tampoco podrá video grabarse, grabarse, fotografiarse, ni registrase por algún otro medio bajo ninguna circunstancia".

Y en el artículo 39 bis 3 se plantea que "la ejecución de la pena sólo podrá ser presenciada por:

La víctima del delito cometido por el sentenciado o bien por la persona a que designe para tales efectos; un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; un representante de los medios de comunicación; las personas a las que el sentenciado designe, cuyo número será discrecionalmente limitado por la autoridad de acuerdo a las características de cada caso; el personal técnico y de custodios estrictamente indispensable, y el Director del Penal en el que se lleve a cabo la ejecución.

La iniciativa la suscriben el coordinador del PVEM, Jorge Legorreta, y los senadores Francisco Agundis, Ludivina Menchaca, Arturo Escobar, Manuel Velasco y Javier Orozco Gómez.

cgb