En un dictamen de la Comisión de Justicia que podría votarse los días martes o jueves, la Cámara baja solicitó que ambas dependencias emprendan acciones en coordinación con las procuradurías estatales y en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El punto de acuerdo refiere que la ola de violencia destatada en el país es un foco rojo que el Poder Legislativo no puede dejar pasar.

Según el documento, la delincuencia organizada llega a tal extremo de evolución que rebasa límites de control gubernamental, establece líneas de operación basadas en sistemas empresariales y persigue, mediante acciones violentas, la búsqueda de poder en los ámbitos político, económico o social.

Es obligación del gobierno proteger a sus ciudadanos, por lo que las Cámaras del Congreso trabajan para diseñar medidas legislativas que faciliten la actuación de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, a fin de combatir eficazmente ese problema, asevera el documento de la Cámara baja.

Urge asimismo a que los demás poderes de la Unión emprendan las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia a fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

fml