El investigador Miguel Carbonell consideró que el IFE debió sancionar a las televisoras por el caso de la transmisión de spots y dejar en todo caso que acudieran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de participar en una Mesa de Análisis sobre las reformas al Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, opinó que el Consejo General de ese organismo debió continuar con el procedimiento especial sancionador contra Televisa y Televisión Azteca.

"La reiterada inaplicación de la ley pone a la autoridad en una legitimidad cuestionada frente al electorado y la opinión pública", advirtió el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A su parecer, el día que la autoridad deba aplicar la ley deberá ser muy contundente, pues seguramente alguien cuestionará "por qué en este caso sí y en tantos otros no".

Más aún, añadió, cuando una autoridad sistemáticamente no hace valer las normas que rigen, habrá quien cuestione también el por qué ahora son muy estrictos cuando antes pasaron por alto la aplicación de sanciones.

En su oportunidad, el profesor de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, Jorge Islas, recordó que la ley debe ser observada para aplicarse, porque el mejor elemento constitutivo de una sociedad que se respeta es el cumplimiento estricto de las normas.

A su parecer, el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene su propia normatividad y con base en ella adopta su institucionalidad y resuelve los asuntos que se presentan en su agenda.

Islas López opinó que en asuntos de esa índole lo más importante es estudiar la valoraciones jurídicas del expediente para conocer las razones por las que el organismo dejó de sancionar con 7 millones de pesos a Televisión Azteca, y con 4 millones a Televisa.

El acto fue organizado por los institutos Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

También por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Tranparencia de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios.

fml