La titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Areli Gómez González, informó que se trabaja, en colaboración con entidades del país y la Procuraduría General de la República, en el blindaje de programas sociales, para evitar que se infiltre el narcotráfico a través de estos en campañas electorales.
Luego de la instalación del Consejo para la Prevención de Delitos Electorales de la Secretaría de Agricultura, la funcionaria precisó que, de acuerdo con la ley, los funcionarios que utilicen recursos públicos del campo para otros fines serán condenados de uno a nueve años de cárcel.
En el acto, presidido por el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, la funcionaria informó que si bien en toda la historia de la Fepade no existe una sola denuncia relacionada con el narcotráfico, sí hay inquietud y preocupación porque se infiltre en el proceso electoral.
Por ello, se ha firmado un convenio de colaboración con el IFE y se trabaja con los gobiernos estatales y la Subprocuraduría de investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada (Siedo).
Insistió en que la fiscalía a su cargo estará atenta a cualquier denuncia sobre la desviación de recursos públicos.
En tal sentido, Alberto Cárdenas reconoció que cualquier candidato "aquí y en China" en su muy justo derecho, puede hacer campaña de sus logros de cuando ejerció alguna responsabilidad pública, pero no si continúa realizando algún que hacer de gobierno, sino como candidato a elección popular.
Por otro lado, Cárdenas, en el marco de la instalación del consejo referido, instruyó a todo el personal de la Secretaría de Agricultura a que se conduzcan con honestidad, eficacia y transparencia
La instalación del consejo se suma a las iniciativas conjuntas desarrolladas con la Procuraduría General de la República, a través de la Fepade y la Secretaría de la Función Pública, y de la Comisión Intersecretarial para la transparencia y el combate a la corrupción en materia de blindaje electoral.
Ese órgano tiene el objetivo de proponer, vigilar y fomentar medidas de blindaje electoral que eviten que los recursos públicos destinados al campo y pesca se utilicen para otros fines.
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