Organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares advertirán durante el mitin en el Zócalo esta tarde la radicalización de las protestas con tomas de oficinas, carreteras, puertos y aeropuertos, hasta llegar a un paro nacional antes de julio próximo, si el gobierno federal no da un cambio de rumbo a las políticas económica, política y social, en donde no se pase el costo de la crisis sólo a los más pobres.
En el marco de las movilizaciones que se realizan este viernes por varias ciudades del país, cuyo acto central será un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de una "mega marcha" que partirá de la glorieta del Ángel de la Independencia, expondrán que la crisis no tiene nada que ver con la estructura del mercado de trabajo.
Por ello, demandarán que esta no se resuelva a través de una reforma laboral regresiva, pues eso sería una salida falsa. Exigirán freno a los despidos y al deterioro del poder adquisitivo, así como la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio y mayores apoyos al campo, entre otras cosas.
De acuerdo con la declaración que será leída esta tarde en el Zócalo, organizaciones integradas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), como los sindicatos del IMSS, Telefonistas, UNAM y Tranviarios; del Frente Sindical Mexicano, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y del agro como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Cardenista (CCC), maestros, pesqueros y mineros, reclaman:
"El Poder Ejecutivo fiel a su convicción neoliberal ha preferido satisfacer los intereses del gran capital por lo que ha menospreciado las demandas sociales. Los trabajadores de la ciudad y el campo los principales damnificados de la crisis afectados en empleo, ingresos y bienestar social".
Subrayan que "paralelamente a la crisis internacional, las desigualdades sociales y de inseguridad en México se profundizan, los reclamos se incrementan, y ante esto, el gobierno ha incurrido a medidas autoritarias, de persecución, al tiempo del encarcelamiento de luchadores sociales, así como cancelar y reducir derechos laborales y humanos, una política excluyente muestra del gran déficit en nuestro país".
Plantean modificar la política económica para lo que se requiere que el Estado juegue el papel de promotor, gestor, regulador del desarrollo económico bajo el control de la sociedad; así como una nueva estrategia que tenga como base el fomento al empleo, ingresos remuneradores para la población y atender necesidades del bienestar familiar como alimentación, educación, vivienda, transporte y salud.
Demandarán definir políticas de Estado de fomento a la industria y desarrollo agropecuario y una nueva política fiscal multianual que tenga carácter progresivo para que el capital aporte más al gasto público y se reduzca la dependencia de este último con relación al recurso petrolero.
Con ello, impulsar inversiones productivas en infraestructura para fines sociales, que posibiliten la creación del empleo, distribución del ingreso, crecimiento del mercado interno, y el aumento de la demanda y crecimiento de empresas pequeñas y medianas.
mma