El Congreso local de Baja California aprobó una iniciativa para penalizar cualquier tipo de aborto, así como la utilización de anticonceptivos -por considerarlos como "abortivos"- y la fecundación in vitro, por lo que la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana local interpuso una inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Hay una violación muy grave a los derechos de la mujer", dijo Francisco Javier Sánchez Corona, titular de la dependencia que presentó la queja ante la Corte.
Con la reforma local, el aborto en cualquiera de sus modalidades (ya sea por malformación genética, peligro para la vida de la madre o por violación) está prohibido en la entidad y se castigará como un homicidio calificado, con hasta 10 años de cárcel.
Hace diez años del caso Paulina, cuando el gobierno de la entidad (encabezado en ese entonces por Eugenio Elorduy) prohibió que una menor víctima de abuso sexual abortara.
Con información de Formato 21.
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