Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, o por lo menos de acuerdo a sus datos preliminares, pues el informe final todavía no se puede consultar en la página del INEG, los resultados de la política antidroga de los últimos cinco años —incluido el año y medio de combate frontal a la oferta, que ya llevaba a cabo el gobierno de Calderón durante el momento del levantamiento— han sido bastante malos. 

Desde la última encuesta, cinco años antes, el consumo de cocaína se duplicó en el país, el de mariguana creció menos y se amplió el  de drogas nuevas, como las metanfetaminas. Y durante esos ocho años, cuando menos declarativamente, la estrategia gubernamental ha sido esencialmente la misma, aunque enfatizada en los últimos 24 meses:  combatir la oferta. De hecho, ese ha sido el objetivo expreso, convertido en eslogan, de la actual gestión: que la droga no llegue a tus hijos.

Y en ello se han invertido la fuerza y la legitimidad del Estado. La policía federal y el Ejército se han empleado de cabeza con los costos económico y humanos consecuentes. Se trata de impedir que los delincuentes lleven a cabo un mercado prohibido, que se pretende erradicar. Se ha desatado la guerra contra organizaciones que retan al Estado en su control monopolístico de la violencia, aunque sea sólo de manera parcial y que lo sustituyen como reguladores de un mercado que, sin embargo, existe. Pero los resultados han sido magros en el objetivo perseguido. Las drogas siguen ahí, a la mano de quien las necesite, aunque con costos sociales agravados más allá de la ya de por sí impactada salud de los consumidores.

La política del Estado mexicano frente a las drogas ha sido policiaca, en lugar de entender el problema como un asunto de salud pública que debe ser atacado desde la prevención, la comprensión del fenómeno, la rehabilitación y la reducción del daño. Es verdad que ha sido una respuesta impuesta desde Estados Unidos, que ha obligado al mundo a adoptar la visión prohibicionista, que pretende negar la existencia de la demanda como un fenómeno social agravado por la estigmatización criminal del mercado.

Las décadas de política prohibicionista impulsada desde Estados Unidos han mostrado claramente su fracaso, en buena medida porque han sido diseñadas sobre la base de presupuestos erróneos, basados muchas veces en concepciones de carácter moral más que en estudios médicos, científicos.

Son conocidos los casos de manipulación de los resultados de investigaciones para hacerlos coincidir con los prejuicios en los que se fundamenta la política, sobre todo en los casos de la mariguana y el MDMA, prohibido en 1985 de manera abrupta y sin evidencias sólidas sobre su pretendida neurotoxicidad.

Y lo peor del caso es que ni siquiera se asimila la experiencia del desastre social que representó la prohibición del alcohol de los años 20 del siglo pasado, cuando quedó clara la lección de economía de que en la medida de que exista suficiente demanda para un producto habrá alguien dispuesto a pagar los costos de organizar un mercado clandestino con sus propias redes de protección y de imposición.

El costo ingente de la política errónea está a la vista: miles de muertes debidas a la política hacia las drogas, no a las drogas en sí mismas, lo que sin duda agrava el problema de salud, aunque sea en lo que toca a las estadísticas de mortalidad. Y además, millones y millones de pesos gastados con magros resultados si realmente de lo que se trata es de evitar el consumo de drogas.

Y es que el punto de partida está equivocado cuando se pretende que el objetivo sea que las drogas no lleguen a los hijos de la población. Las drogas están ahí, son parte de la convivencia humana; dos de ellas, potencialmente dañinas en grado extremo —el tabaco y el alcohol—, son legales y sirven de entrada, según la misma encuesta, a todas las demás, mientras otras, relativamente inocuas como la mariguana, están prohibidas a partir de mentiras largamente sostenidas para justificar el empecinamiento en el camino elegido. Mientras, a la puerta de las escuelas o en los callejones de los barrios, en la las tiendas de la esquina, las drogas siguen estando a la mano de quien las requiera, aunque sea adulteradas al extremo para mantener las ganancias de todos los nudos de la red de distribución.

¿No sería mejor plantear como objetivo que fueran los hijos los que no llegaran a las drogas? Es decir, que tuvieran la suficiente información para discernir con claridad entre las sustancias, que conocieran con veracidad los daños potenciales, que pudieran entender sin prejuicios morales las consecuencias del consumo, no sólo de las drogas hoy consideradas ilegales, sino también del tabaco, el alcohol y otras drogas legales consideradas como menos peligrosas. 

Este es el terreno de la prevención. ¿No tendría mucho mejores resultados sobre la salud de la sociedad una política que invirtiera los recursos ingentes que hoy se gastan en armas, y que generan una mortandad escalofriante, en campañas bien estructuradas de información veraz en las escuelas, que diferenciara entre tipos de drogas y que alertara también sobre el alcohol y el tabaco, a contrapelo de los intereses de las grandes empresas?

En cambio, la política seguida actualmente es también de talante policial cuando se dirige a los niños y adolescentes. El programa de escuela segura, con la revisión de mochilas, podrá ser muy popular, pero en realidad resulta en la estigmatización de quienes son atrapados con alguna droga.  Y es que la otra parte del error del diseño de la política es que no se comprende el contexto social del consumo de sustancias.

La prevención hasta hoy se ha basado en el simplismo heredado de la época de Reagan de decir “no a las drogas”, como si la frase por ensalmo evitara el consumo.  Cuando la sociedad está inmersa en una catástrofe educativa que reproduce la desigualdad en lugar de combatirla, cuando no existen opciones de recreación y cuando la marginalidad y la falta de oportunidades dominan a los barrios o cuando imperan los prejuicios morales que frustran la iniciativa juvenil, un eslogan como ése no tiene ningún efecto. La política pública de prevención basada en la información y la educación sin prejuicios es prácticamente inexistente en México y, desde luego, ni hablar de campañas de consumo responsable, que se hagan cargo de que, de una u otra manera, toda la población está expuesta a las drogas.

Pero tampoco en lo que toca al reconocimiento de la realidad del consumo hay una política adecuada. No todas las drogas son iguales y la estigmatización de los consumidores produce más daños que el consumo mismo en muchos casos. Sobre todo en lo que toca a la mariguana, relativamente inocua cuando se le compara con los daños a la salud y a la seguridad que provoca el alcohol. El prejuicio sostenido sobre esta droga ha evitado incluso que se puedan estudiar sus potenciales beneficios, incluso como droga de salida de consumos más peligrosos, contra la falsa idea que la considera droga de entrada.

La política basada en la prohibición tiene efectos colaterales devastadores, más allá de las bajas de la guerra. Los problemas de salud se agravan por la adulteración de sustancias y por el desarrollo de sucedáneos sintéticos de las sustancias escasas en el mercado. Y, sobre todo, condena a la marginalidad a los adictos, que tienen como prácticamente única opción de rehabilitación los centros de matriz religiosa. Es una política que viola derechos elementales de las personas, las considera como individuos incapacitados y los margina sin consideración.

La política de salud frente a las drogas también ha despreciado hasta ahora las estrategias de reducción del daño, que parten del principio de que ya que los consumos adictivos y dañinos existen, hay que evitar sus peores efectos destructivos, como la utilización colectiva de jeringuillas para las drogas inyectables, lo que las convierte en un foco de transmisión de enfermedades, principalmente el VIH, o la conversión en delincuentes de los adictos que necesitan hacerse con su droga y para ello asaltan. Una política que sacara de la clandestinidad el consumo de drogas podría enfrentar estos problemas con nuevas fórmulas, como la existencia de salas de consumo supervisado para las drogas más peligrosas, la distribución gratuita de jeringuillas o centros de reunión subvencionados con fondos públicos para los adictos, lo que los sacaría de las condiciones de marginalidad que son un obstáculo ingente para su rehabilitación.

En suma, la política actual es reprobable sobre todo porque coloca los recursos en un lugar equivocado y deja a las víctimas en la indefensión. Es evidente que la discusión en torno a las drogas debe salirse de los límites impuestos por una visión policial, para convertirse en un debate de salud, de derechos y libertades. Todo ello sólo es posible si se abordan los temas desde una perspectiva laica, despojada de toda consideración religiosa o de moral particular.

Profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM-X