La Procuraduría estatal de los Derechos Humanos, requirió al Ayuntamiento de Guanajuato un informe urgente y detallado y sobre el Bando de Policía y Buen Gobierno aprobado el martes pasado al advertir en su contenido claras violaciones a las libertades de las personas.
El ombudsman estatal, Gustavo Rodríguez Junquera desaprobó el castigo de arresto o multa administrativa a las parejas que se besen con intensidad en la calle y contra aquellas que pidan y den limosna.
Sancionar "el beso, por supuesto que sería una limitación grave a libertades, he dicho que hay muchos casos que parecieran flagrantes violaciones, pero hay que tener el documento", precisó.
Derechos Humanos inició a un análisis sobre el reglamento que se difundió en los medios de comunicación, que citan declaraciones del alcalde Eduardo Romero Hicks, quien hace alusión al castigo por besarse en la calle.
"Por lo que ha salido en prensa parecen flagrantes violaciones a derechos humanos, pero me espero a tener el documento aquí, para dar con toda objetividad y como corresponda, la resolución de esta Procuraduría", aseveró Rodríguez Junquera.
El procurador envió el oficio 54/09 al alcalde en el que pide al alcalde panista que a la brevedad le entregue un informe general en el que de los pormenores sobre el Bando de Policía y Buen Gobierno y acompañe el texto íntegro para analizar formalmente si hay o no violaciones a los derechos humanos.
"Quiero ser muy enfático en que esta procuraduría no permitirá violaciones a las libertades consagradas en las constituciones, en los tratados internacionales en los que se priven libertades de los guanajuatenses", puntualizó el defensor de los derechos humanos.
El martes el Ayuntamiento de mayoría panista aprobó modificaciones al Bando de policía y Buen Gobierno que sanciona a las personas por incurrir el tocamientos, como besarse apasionadamente, decir groserías, pedir y dar limosna, vender en la calle sin permiso y comprarle a esos comerciantes, cruzar las vías sin utilizar las puentes peatonales y realizar reuniones y marchas sin autorización.
Rodríguez Junquera señaló el reglamento municipal ha saltado a la luz pública por varios puntos malos.
Hasta ahora, la ombudsman no ha hecho ninguna medida cautelar al Ayuntamiento de Guanajuato y debido a que al perecer el alcalde ha detenido la publicación para que surta sus efectos en el periódico Oficial, dijo.
Aunque, el defensor destacó que si el Bando no se congela sería una amenaza a los derechos fundamentales de las personas.
nga