Un grupo de legisladores de la izquierda mexicana se mostró hoy dispuesto a reunirse en Ecuador con el presidente de ese país, Rafael Correa, para evitar la extradición de la mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque del Ejército colombiano a una base de las FARC en Ecuador.

El Fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, anunció ayer que su país ya inició el trámite para pedir en extradición a dos guerrilleras colombianas asiladas en Nicaragua, y a Morett, únicas sobrevivientes del ataque de las fuerzas colombianas el pasado 1 de marzo.

Las mujeres son acusadas del delito de "atentado contra la seguridad interna del Estado".

Cuauhtémoc Sandoval, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política que ha liderado la defensa de Morett en México, consideró que la solicitud de extradición fue formulada por un juez ecuatoriano "comprado" por el Gobierno colombiano.

"Espero que la Fiscalía de ese país no insista y en caso de ser necesario nosotros (los legisladores del PRD) iríamos a hablar con el presidente Rafael Correa", aseguró.

Morett sobrevivió al bombardeo en el que murió el portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias "Raúl Reyes", y 25 personas más, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos.

La mexicana, quien fue detenida en 1998 por gritar consignas contra el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) en un acto público, llegó el pasado 3 de diciembre a México después de permanecer asilada varios meses en Nicaragua, a donde viajó para evitar una posible acción de los gobiernos colombiano, ecuatoriano y mexicano por su presunta militancia en las FARC.

Según Sandoval, la solicitud de extradición de la estudiante mexicana a Ecuador "será un proceso largo", pero no descartó que Morett deba ir a Ecuador a declarar "como testigo" y no como acusada, aunque en cualquier caso iría acompañada por legisladores del PRD, dijo.

A su juicio, el único culpable de atentar contra la seguridad interna de Ecuador fue el Ejército colombiano.

"Ahora lo que queda es tomar medidas jurídicas y luego políticas para asegurar que Lucía recupere su vida normal en México", puntualizó Sandoval.

vsg