Por hacer cateos y detenciones arbitrarias contra locatarios y clientes en la Plaza Santo Domingo sin contar con orden judicial alguna, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 20/2008 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
De igual manera, el organismo emitió la Recomendación 21/2008, dirigida a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del Distrito Federal, por no pagar una afectación a la propiedad privada e incumplimiento de Conciliación ante la CDHDF.
Autoridades de PGJDF planearon, organizaron y ejecutaron un operativo "llevando a cabo cateos y detenciones arbitrarias violentando el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y el derecho a la libertad y seguridad personales", informó. Aunado a ello, la procuraduría obstruyó la labor del personal de la CDHDF.
Fue el 5 de junio de 2007, cuando policías judiciales adscritos al GERI relaizaron el operativo en cuestión, para el cual usaron camiones de mudanzas, y donde se detuvo a 48 personas.
El dispositivo fue encabezado por Fiscal de la 50 Agencia -una de las que tiene más quejas ante la comisión-, que entonces encabezaba Gerardo Monroy.
La comisión recomendó a la PGJDF investigar a sus funcionarios y fincarles las responsabilidades conducentes, si es que lo ameritan, además de hacer precisar con claridad los actos a realizar en este tipo de operativos, y que debe contener el Manual Operativo de la Policía Judicial.
En cuanto a la segunda Recomendación, el organismo defensor de los derechos humanos, determinó que la Seduvi violentó el derecho a la seguridad jurídica a través del incumplimiento de un contrato de compra-venta de dos predios localizados en Tetlalpa, avenida Ermita Iztapalapa, entre los ejes 5 y 6 Sur y avenida Octavio Sentíes, colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.
Ambos terrenos con una superficie de 14 mil 402 metros2 y de 16 mil 857.32 metros2, fueron afectados en 1997, en una superficie de 2 mil 973.10 metros2, para ampliar dichos ejes viales.
"De esa afectación se celebró un contrato de compraventa entre el GDF como comprador, y el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. como vendedor; JRD y ARD fungen como fideicomisarios.
Asimismo, los predios de 10 mil 13.99 metros cuadrados, fueron afectados por obras viales en calzada Ermita Iztapalapa y Octavio Sentíes", se informó.
De acuerdo con el peticionario, en febrero de 2002, la Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal (GDF), mediante resolución administrativa, declaró procedente el pago de indemnización, ordenándose a la Seduvi que promoviera el pago correspondiente, pero no se hizo.
La CDHDF intentó conciliar a los involucrados pero la Seduvi incumplió lo pactado.
cagf