A Sebastiana, indígena tzotzil, la detuvieron en 2004 acusada de transportar droga. Lleva ya más de cuatro años presa a la espera de un defensor público que hable su lengua y conozca la cultura a la que pertenece... pero en el país sólo hay 14 para una población de 12 millones de indígenas.

Desde 2002 los integrantes de comunidades étnicas que enfrenten un proceso federal tienen derecho a un defensor público que no requiera traductor y que conozca los usos y costumbres de su comunidad.

Datos de la Suprema Corte refieren que el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene sólo 14 abogados con esas características.

En 2004, a Sebastiana le asignaron un abogado que no hablaba tzotzil ni conocía su cultura. En 2005 fue sentenciada a 10 años de cárcel y un nuevo defensor tomó su caso, pero tampoco hablaba su lengua.

Sin embargo, este abogado utilizó precisamente estas carencias para pedir la liberación de Sebastiana. Promovió un amparo debido a que se habían violado las garantías de la indígena.

El caso llegó a la Corte, y se ordenó su liberación. Por procedimiento, el amparo que la dejará en libertad se emitirá en 2009.