Cada año en México, 1.2 millones de niños menores de 14 años emigran de su entidad de origen para dirigirse a campos jornaleros agrícolas del norte del país, quedando vulnerados sus derechos y exponiéndose a la trata de personas, señaló la Red por los Derechos de la Infancia.

En entrevista la presidenta del Consejo Directivo de la Red, Nashieli Ramírez, precisó que de las regiones más pobres del país,como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, salen 4.2 millones de jornaleros adultos hacia campos agrícolas de Sinaloa y Baja California.

Mencionó que estas personas viajan acompañadas por sus familias, con lo que se prevé que casi 1.2 millones son menores de 14 años, de los cuales más del 50 por ciento son indígenas y emigran de sus estados entre septiembre y octubre para regresar seis meses después.

Esta situación ocasiona que se violen sus garantías individuales, como tener una buena alimentación, por lo que sufren de desnutrición, su derecho al juego, a la salud, vivienda y educación, además quedan expuestos a la trata de menores y explotación laboral.

En el caso de la educación, indicó que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), sólo 10 por ciento de estos niños tienen cobertura en educación primaria en los campos agrícolas.

Pese a los esfuerzos para impulsar el uso de la boleta electrónica por parte de la SEP, que busca revalidar los estudios que los menores hagan fuera de su lugar de origen al momento de regresar, éstos no han tenido éxito y los niños continúan sin tener educación.

Ramírez Hernández señaló que aunque muchos de estos pequeños no trabajan en los campos y sólo acompañan a sus padres, se convierten en madres o padres de sus hermanos.Señaló que en el país se requiere de una política integral que realmente garantice que estos menores no trabajen y que tengan acceso a la educación y una vivienda digna, pues muchos viven en condiciones deplorables.

Los presupuestos destinados a este rubro son menores, pues en 2008 se aprobó para el programa de educación a migrantes jornaleros 56.8 millones de pesos, mientras que en el programa de jornaleros agrícolas de la Sedesol, 171.6 millones de pesos.

Indicó que los menores se exponen a la presencia de agroquímicos, hacinamiento, desnutrición, violencia, sobre explotación laboral y en algunos casos sexual, por lo que resolver la problemática requiere de mucho esfuerzo interinstitucional.

cgb