El fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, Octavio Orellana Wiarco, aseguró que la organización Reporteros Sin Fronteras no ha sustentado con investigaciones sus afirmaciones de que México es el segundo país más peligroso para el trabajo periodístico en el mundo.
En respuesta a las acusaciones de la organización no gubernamental con sede en Francia, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que ni siquiera se ha acercado a la fiscalía para conocer los avances de las pesquisas en torno a los delitos cometidos contra periodistas en México.
En una carta dirigida al secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Jean-Francois Julliard, de la que Notimex tiene una copia, el fiscal consideró inexplicable que en sus comunicados esta organización habla de nueve periodistas muertos pero en sus reportes solamente documenta dos casos.
Recordó que la PGR, a través de esa fiscalía, tiene un sistema de identificación de condiciones y situaciones en que son atacados los periodistas para determinar si es que una agresión fue con motivo del trabajo del comunicador o por razones diferentes.
Explicó que su metodología de selección de casos consta de al menos cuatro elementos básicos; el primero de ellos es que debe acreditarse la calidad de periodista del sujeto pasivo del homicidio.
El segundo elemento es que el delito se haya cometido en razón de sus actividades profesionales informativas, o por atentar contra la libertad de expresión.
El tercero es que el delito sea de competencia federal, local o con convexidad entre ambos, mientras que el cuarto elemento es que el delito no sea de los que refiere la delincuencia organizada.
Orellana Wiarco aseguró que "en México los periodistas viven los mismos riesgos que los ciudadanos en general, por el entorno de violencia que se registra y algunos de ellos han recibido agravios como cualquier otro ciudadano, aunque también hay quienes han muerto por motivos relacionados con su oficio".
De acuerdo con las estadísticas oficiales, recordó, en 2007 se reportó la muerte de 12 personas que podrían ser periodistas, pero de ellos sólo uno podría haber sido por razones de trabajo, mientras en 2008 se registró el deceso de 13 y solamente en dos casos se ha acreditado la posibilidad de que sea por su trabajo informativo.
Explicó que muchos de los que se han registrado como muertos o atacados en calidad de periodistas ni siquiera lo eran, y recordó el caso de tres personas que se dijo que eran reporteros y resultó que eran voceadores, o sea quienes venden en las esquinas los periódicos.
El fiscal especial negó que México sea el segundo país en el mundo con más riesgos para los periodistas, después de Irak.
Aseguró que "Reporteros sin Fronteras no tiene una metodología clara de discriminación o de atracción de los casos de periodistas muertos por su labor informativa, como si la tienen otras organizaciones no gubernamentales internacionales y como sí la tiene la propia fiscalía".Respecto a los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que hablan de decenas de periodistas muertos, dijo que "esa institución no tiene facultades de investigación ministerial y por ello habla de todas las muertes de periodistas, entre las que se han presentado al menos un suicidio, reconocido por lo propios familiares de la víctima".
Refirió que otras organizaciones internacionales que trabajan con metodología y transparencia, como El Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York, ubicó en 2006 a México en el lugar 15 por riesgos para los periodistas y en 2007 pasó al lugar número 17.
Asimismo, el Instituto Internacional para la Seguridad Noticiosa en un conteo que hace desde 1996 a 2006 ubica al país en el lugar número nueve de la lista de los países más peligrosos para los trabajadores de los medios de comunicación.
Ante esas evidencias, Orellana Wiarco reiteró su invitación a Jean-Francois Julliard para que sus representantes en México se acerquen a esta fiscalía especial para conocer la información disponible sobre los asuntos de los ataques a los periodistas.
Asimismo le manifiesta su disposición para trabajar juntos, de acuerdo con las atribuciones de cada parte y en un ambiente de colaboración, para reunir datos y evidencias que puedan llevar al esclarecimiento de los ataques a periodistas en territorio nacional.
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