MEXICALI, BC.— José Erasmo y Wilson Raúl, ambos hondureños, encontraron aquí, entre tanta adversidad, la opción humanitaria de Betania, uno de las decenas de refugios que se esparcen a lo largo de México, sostenidos por organizaciones civiles y religiosas para proveer a migrantes nacionales y extranjeros hacia Estados Unidos techo y cama, servicios, alimentación, asistencia legal, sicológica y espiritual, y contactos laborales.

No hay un padrón que permita conocer cuántos son y dónde están tales albergues, pero cuando desde Centroamérica o cualquier lugar de México alguien decide dejarlo todo para emprender la travesía que lo conducirá a territorio estadounidense, lo acompaña siempre esta certeza: la comunicación interpersonal le instruye que desde Tecún Umán (frontera sur occidental de Guatemala con México) hasta Tijuana, pasando por Veracruz, San Luis Potosí o Nuevo León, hay un refugio limpio y organizado para mitigar su azaroso trayecto.

Barilli Ademar, director de la Casa del Migrante de Tecún Umán, afirma que 75% de las personas que recibe dice tener familiares en Estados Unidos; así se entiende que el migrante suela memorizar o traer garabateadas las coordenadas, sabiendo dónde soltarse del ferrocarril para llegar a uno de los albergues, invariablemente connurbados.

El gobierno federal no prevé opciones humanitarias para esas personas. El Instituto Nacional de Migración posee 52 Estaciones Migratorias en 22 estados, que en realidad son centros de reclusión temporal en donde los capturados aguardan la deportación. Según un informe especial (2005) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 76% de dichas estaciones se cometen violaciones a los derechos humanos. Y en 2006 denunció que en Guanajuato, Jalisco, Sonora, Baja California y Chiapas hay prisiones con espacio para ciudadanos de otras nacionalidades que se internaron al país de forma irregular. A su vez, Mauricio Farah Gebara, quinto visitador de dicha comisión, dice que en las estaciones migratorias se padece hacinamiento, insalubridad y falta de servicios.

Las casas del migrante constituyen, entonces, una de sus pocas opciones de sobrevivencia, aunque existe un debate acerca de si son una oferta ciudadana legítima y útil; un paliativo para enfrentar la responsabilidad que el gobierno no asume, o «casas de seguridad» donde la delincuencia encubre el tráfico de seres humanos. Esta última es una acusación inmerecida, piensa Tonatihu García Castillo, funcionario migratorio; está convencido de que, en general, “son lugares piadosos”.