Cuando el Gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira, propuso la aplicación de la pena de muerte a secuestradores, desató una tormenta política que al mismo tiempo puso sobre la mesa el respeto a los derechos humanos en el país.

México ha sido un defensor de los derechos humanos en los foros internacionales, pero si normalmente su situación es difícil ante las constantes denuncias que subrayan la contradicción entre sus leyes y declaraciones oficiales y los hechos, el actual clima -que incluye la propuesta de pena de muerte por Moreira y el Partido Verde- lo hace más complicado.

La celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos pone de relieve tanto los esfuerzos de algunos en el país por tratar de llegar a una situación de respeto como la casual indiferencia hacia ellos por muchos, dentro y fuera de los cuerpos encargados de la vigencia de la ley.

El que se hayan detectado manifestaciones de derechos humanos supuestamente financiadas por grupos de narcotraficantes añade complicaciones: es posible que las quejas sean válidas, aun cuando sus proponentes sean, a su vez, violadores de derechos humanos en gran escala.


En ese marco, la idea de reinstaurar la pena de muerte, sea a nivel estatal o nacional, tiene muy pocas posibilidades de éxito. La oposición, especialmente al nivel federal, es casi absoluta y el rechazo ha sido casi unánime.

Pero ambas posturas son sin duda expresiones políticas que responden tanto a una sensación de indefensión ante una delincuencia creciente como otra vez, a aparentar que se hace algo, sea contra el crimen o en torno al respeto a los derechos humanos.

El problema en gran medida es que al margen de una postura que no aprueba fácilmente la pena de muerte, los mexicanos desconfían sobradamente de los encargados de aplicar y administrar la justicia.

La pregunta clave sería ¿podría confiarse en la solidez de un juicio que desembocase en una sentencia de muerte o exonerase a alguien de ella?

Para muchos mexicanos la respuesta es no.

Es difícil -o imposible- olvidar de entrada que los cuerpos policiales del país parecen trágicamente incapaces para enfrentar una oleada delictiva de la que frecuentemente son parte; que la percepción pública es de desconfianza hacia ellos y sus métodos; que los organismos judiciales son mas conocidos por su presunta o real corrupción y politización.

El uso de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada es un recurso desesperado ante la falta de calidad de las policías, pero son un martillo cuando en realidad se necesita un bisturí.

Ciertamente hay una capa de civilización que responde con indignación ante las constantes violaciones a derechos humanos por los agentes encargados de respetarlos, pero también hay una capa de irritación ante la impunidad con que operan los delincuentes.

Sin embargo, si México ha de ingresar al siglo 21 no puede hacerlo sobre ninguna de esas bases. El Ejército no está entrenado para operar con fineza pero las autoridades policíacas y judiciales no saben o no parecen interesadas en hacerlo.

Con ese panorama, la idea de la pena de muerte parece un despropósito, y mas una propuesta demagógica para crear imagen que una medida que contribuya a mejorar la situación en un país donde las leyes y las intenciones están en desventaja ante los hechos.