En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las instituciones públicas de defensa de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales expresaron su rechazo a toda iniciativa que promueva la pena de muerte.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que esta propuesta representa un retroceso y un peligro debido a la ineficacia de los órganos encargados de procurar la justicia en este país, además de que es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México.

Indicó que ninguna medida que pretenda endurecer las sanciones para los responsables de cometer un delito será suficiente si antes no se resuelve el grave problema de la impunidad y la corrupción.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos" indicó que la pena de muerte es una acción que demuestra el fracaso total del deber del Estado de proteger a sus ciudadanos.

Por ello, en un pronunciamiento público, rechazó cualquier propuesta de gobiernos estatales o de partidos políticos que han promovido la pena de muerte como una solución a los problemas de inseguridad, cuando la discusión del tema ya se había superado en México cuando quedó abolida en diciembre del 2006.

"La Red (integrada por 54 organizaciones civiles de 21 estados del país) está segura que la pena de muerte no soluciona los problemas de inseguridad y es una respuesta populista de los políticos que sólo quieren sacar ventajas de nuestros problemas y no darles soluciones reales y adecuadas".

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles prohiben restablecer la pena capital en los países donde ha sido abolida.

ehd