Cuando el presidente electo Barack Obama habló el domingo de
realinear la industria automotriz estadounidense, se apresuró también a
mostrarse cauto, para no parecer el líder entrante de Francia, o quizá Japón.
"No
queremos que el gobierno administre compañías", dijo Obama en una
entrevista con Tom Brokaw, del programa "Meet the Press". "En general,
el gobierno históricamente no ha hecho eso muy bien".
Pero
lo que Obama procedió entonces a describir fue un rescate gubernamental
a largo plazo que sería condicionado a la supervisión del gobierno.
Podría significar que el gobierno ordenaría, o al menos ejercería una
gran influencia, qué clase de autos fabrican las compañías, qué
kilometraje y estándares gubernamentales deben cumplir y qué
inversiones grandes pueden hacer con el fin de reinventar una industria
que, indicó Obama, "realmente trabaje, realmente funcione".
Todo
ello suena peligrosamente cercano a una palabra que nadie en el equipo
de Obama quiere que lo vean pronunciar: nacionalización.
Nunca
desde que Harry Truman prefirió requisar las fábricas de acero
estadounidenses en 1952 en vez de permitir que una huelga pusiera en
peligro la conducción de la guerra de Corea, había Washington jugado
con una nacionalización, o su equivalente funcional, de estas
dimensiones. Obama podría estar pensando lo que Truman le dijo a su
personal: "el presidente tiene el poder para impedir que el país se
vaya al diablo".
El
hecho de que no hayan surgido mayores protestas hasta ahora refleja la
desesperación del momento. Pero es una estrategia preñada de riesgos.
El
primero, claro, es el mencionado por el mismo presidente electo. El
historial del gobierno como gerente corporativo es miserable, razón por
la cual el mundo ha vivido una ola de privatización de tres décadas,
convirtiendo ferrocarriles, aerolíneas e industrias de defensa
nacionales en firmas privadas.
El
segundo riesgo es que, si el esfuerzo fracasa y las compañías
automotrices estadounidenses se derrumban o son subastadas en pedazos a
competidores extranjeros, los contribuyentes podrían perder los miles
de millones de dólares a punto de ser gastados.
Y
el tercer riesgo, del cual se ha hablado poco, es que, en su intento
por salvar a los fabricantes de autos de la nación, Estados Unidos
viola al menos el espíritu de lo que ha estado pregonando por el mundo
las últimas dos décadas. Washington ha demandado que los países traten
a las compañías estadounidenses en su suelo de la misma forma que
tratan a sus propias industrias, un concepto llamado "tratamiento
nacional".
Sin
embargo, hasta ahora no se habla de ayudar a Toyota, Honda, BMW o los
otros fabricantes extranjeros que han construido fábricas en territorio
estadounidense, empleado a trabajadores estadounidenses y logrado
obtener una ganancia al hacerlo.
"Si
Japón estuviera haciendo esto, estaríamos amenazando con miles de
millones de dólares en represalias", indicó Jeffrey Garten, profesor de
la Escuela de Administración de Yale y quien como subsecretario de
comercio en los 90 fue uno de los muchos funcionarios que intentó en
vano hacer que Detroit se preparara para un mundo de competencia
internacional cuyas realidades han negado los ejecutivos de la
industria por tres décadas. "De hecho, cuando ellos hicieron algo mucho
más sutil, amenazamos exactamente con eso", dijo refiriéndose a las
demandas de restricciones a la importación.
Garten
se declaró perplejo ante la dimensión de la intervención que está
considerando Washington. "No sé si hayamos visto algo como esto desde
que el gobierno le dijo a los fabricantes de autos qué clase de tanques
fabricar durante la segunda guerra mundial", señaló. "Y eso sólo fue
por la duración de la guerra; esto podría tardar mucho, mucho más".
Muchas
partes del plan están pendientes. A corto plazo, los demócratas están
flotando la idea de vincular 15 mil mdd de préstamos inmediatos a la
designación de un "zar automotriz" que podría solicitar o vetar grandes
transacciones e inversiones; en esencia, un consejo de directores de un
solo miembro. Dependiendo de la forma que cobre el rescate a largo
plazo, Washington podría terminar siendo accionista de las empresas u
organizar una "bancarrota estructurada".
Otras
naciones sin duda se quejarán, o empezarán a hacer lo mismo con sus
propias compañías. "Estamos en un momento de la historia en el que
China está anunciando que su sistema es mejor que el nuestro", con su
mezcla de capitalismo y control estatal, indicó Garten. "Y parece que
nuestra respuesta es empezar a imitar lo que ellos han estado
haciendo".
(*) Por David E. Sanger / Traducción: Gregorio Narváez).