El Senado de la República declaró un receso de dos horas para reanudar a las 17:30 horas, con el fin de aprobar la miscelánea penal.

Ayer, las comisiones unidas de Seguridad y Justicia del Senado avanzaron en la reforma denominada "miscelánea penal", enviada por el Ejecutivo, como parte del paquete de pendientes en esa materia, en que afinaron un esquema para evitar las llamadas "desapariciones" por parte de cuerpos policiacos.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, dijo en entrevista que lograron avances importantes, al analizar artículo por artículo, para aclarar dudas y solventar las diferencias de fondo que tenían detenidos los trabajos.

Detalló que uno de los avances más importantes en la reunión de mesas directivas radica en los ajustes realizados para aminorar el poder de las fuerzas policíacas, es decir terminar con la "Superpolicía" como lo proponía la iniciativa del presidente Felipe Calderón.

La miscelánea penal considera facultades para la policía para investigar en materia de prevención sin sustituir al Ministerio Público; regular la figura del arraigo; crear nuevos tipos penales para sancionar a funcionarios públicos por delitos contra la administración de justicia, así como un registro obligatorio de detenciones, entre otros aspectos.

Este mediodía, el senador Tomás Torres, del PRD, informó que con los avances se suprimieron "figuras que transgreden garantías individuales".

"Menciono dos o tres de ellas: una, el que tenga la Policía facultades investigatorias sin la presencia del Ministerio Público, no puede haber práctica de cateo si no es por mandamiento de autoridad judicial".

También dijo que se establecieron "reglas en las reforma constitucional para avanzar en delincuencia organizada, pero que esa regla no se conviertan para todos los delitos, hay una que dice que el Ministerio Público puede detener y consignar ante cualquier juez federal, es decir, se trate de lesiones culposas con motivo del tránsito de vehículos o delincuencia organizada que el hecho ocurra en Tijuana pero que consignen en Yucatán".

Y, añadió Torres, "una más que contemplaba la prohibición de que el imputado abandone una demarcación geográfica, es una especie de arraigo territorial, no hay base constitucional y en esa parte también se ha modificado el texto de la iniciativa original de Calderón".