El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, calificó de demagógica la iniciativa que impulsan legisladores de Coahuila para aplicar la pena de muerte a secuestradores que asesinen a sus víctimas.

Entrevistado luego de firmar un programa de trabajo entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) , señaló que en México está prohibida la pena de muerte.

Además, aclaró, "México ha suscrito convenios internacionales donde se establece clarísimamente que cuando en una constitución se suprime la pena de muerte es irreversible" .

Dijo que respeta al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, de quien reconoció que es una persona activa y trabajadora, pero que en este caso cometió un error.

La Constitución Política de México es modificable, pero si las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores aceptaran una iniciativa de esa naturaleza y se aplicara, se violarían los convenios que el país se ha comprometido a cumplir, y se le podría exigir responsabilidad en tribunales internacionales, puntualizó.

Castro Lozano precisó que el recurso de controversia constitucional le corresponde única y exclusivamente al procurador General de la República, con quien no ha cambiado impresiones sobre el tema.

Aseveró que las legislaturas estatales tienen derecho de iniciativa en el Congreso general, al igual que el presidente, los diputados y los senadores, pero si Coahuila aprobó una iniciativa en el Congreso local, todavía le queda mucho camino por recorrer.

"Si el Congreso del estado de Coahuila aprobó en su Código Penal la pena de muerte, entonces procede una controversia constitucional, pero si ésta no se promoviera, quien resultara afectado por una medida de esa naturaleza" tiene el recurso de amparo contenido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.

vsg