El Gobierno francés estudia una reforma legislativa que reduzca la edad penal mínima hasta los doce años, lo que permitiría a los jueces dictar penas de prisión a adolescentes de esa edad, afirmó hoy la ministra de Justicia, Rachida Dati, medida que ha resultado ser la más polémica y criticada del conjunto de reformas propuestas por una comisión de estudio de cambios en el código penal.

"Decir que un menor puede recibir una sanción penal va en el buen sentido" , aseguró Dati, que dio así su visto bueno al proyecto que pretende convertir en ley a finales del próximo año .

La comisión de estudio señaló que reducir la edad penal mínima acercaría al código francés a los de sus vecinos europeos. Recordó que la edad penal mínima es de diez años en Inglaterra y Suiza, de doce en Holanda y de 14 en España, Alemania e Italia.

Dati indicó que con esta reforma los jueces tendrán "un mejor conjunto de herramientas" para luchar contra la delincuencia.

"El auténtico peligro que amenaza a nuestros niños no es la sanción de los jueces, sino encerrarles en el engranaje de la delincuencia. Existe el derecho a la segunda y la tercera oportunidad y tenemos que admitirlo, pero no el derecho a la impunidad" , afirmó la ministra.

Dati se mostró también favorable a la idea de la comisión de permitir a la policía interrogar a los menores de doce años "con todas las garantías de su edad" aunque después sea responsabilidad de la jurisdicción de menores. Asimismo, aprobó la idea de crear un "tribunal correccional de menores" que mezcle a jueces de menores con otros de mayores para sustituir a los actuales tribunales para niños reincidentes.

Las propuestas de la comisión provocaron las protestas de los dos principales sindicatos de la magistratura, así como de los organismos que se ocupan de la reeducación de los menores condenados.

"Los cuidados educativos de los niños no suponen la impunidad frente a los actos de delincuencia, sino un acompañamiento responsable y humano que les permite darse cuenta de lo que está prohibido" , afirmó el Sindicato de la Magistratura de orientación progresista.

La Unión Sindical de Magistrados señaló que estas medidas son "inaceptables" porque "atentan contra la primacía de lo educativo frente a lo represivo".

cagf