La Cámara de Diputados exhortó a la SSP federal, a los gobernadores estatales y al jefe del GDF a que apliquen las acciones necesarias para bloquear las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación en las cárceles.

El dictamen con un punto de acuerdo estimó que hay 240 bandas que operan desde los diversos centros penitenciarios del país, y en los últimos seis años las ganancias por extorsión telefónica ascienden a casi 186 mil 620 millones de pesos.

Durante la sesión en San Lázaro, se destacó que la corrupción de custodios y funcionarios carcelarios permite a internos operar de manera impune y utilizar las cárceles como centros de mando.

No obstante las prohibiciones dispuestas en las reglamentaciones de las cárceles, es frecuente la introducción de aparatos de comunicación, así como droga de cualquier tipo, señalaron legisladores.

La Comisión de Seguridad Pública mencionó que los internos utilizan los teléfonos para planear, organizar y realizar diversos delitos como extorsión, motines o secuestros virtuales.

A través del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, se adquirieron equipos para bloquear la señal de celulares y se instalaron desde 2007 en 11 penales, pero por deterioro no se utilizan.

Advirtieron que los internos provocan las fallas en los equipos de bloqueo, "incluso se ha detectado que los reclusos contratan a expertos para que corten la corriente eléctrica de los bloqueadores, a fin de inutilizarlos" y continuar con las extorsiones.

Por otra parte, aprobaron solicitar a las secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y a la PGR, que informen sobre acciones, planes y programas que llevan a cabo con la retención de armas de fuego que son portadas de manera ilegal.

vsg