Las cuentas bancarias de todas las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana fueron embargadas precautoriamente, para garantizar el pago a los trabajadores defraudados, informó Agustín Acosta Azcón, representante legal de casi 10 mil mineros que reclaman los 55 millones de dólares desviados por Napoleón Gómez Urrutia y coacusados del fideicomiso minero.

En un comunicado, los afectados organizados en la Cooperativa Veta de Plata, señalan que es una versión maniquea señalar que las autoridades pretenden "asfixiar" al sindicato minero con esta medida, cuando en realidad la determinación de congelar las cuentas bancarias del sindicato minero la tomó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) derivada de una denuncia de los trabajadores afectados por ese fraude millonario.

Acosta Gazcón indica que también es una medida pertinente ante el temor de que pueda continuar el desvío de mayores recursos de las cuentas bancarias, como lo hicieron Gómez Urrutia, Héctor Félix Estrella, José Ángel Rocha Pérez y Juan Linares Montufar con los fondos del fideicomiso minero.

Aseguró que una vez que se agoten los procedimientos jurídicos, los 55 millones de dólares tendrán que ser reintegrados a casi 10 mil trabajadores que reclaman lo que legítimamente les pertenece.

Acosta denunció que a últimas fechas se detectó que el sindicato ha canalizado recursos a personas físicas o comités ajenos a la organización, por lo que ya interpusieron las demandas correspondientes.

"Ese proceder podría ser constitutivo de los delitos de lavado de dinero o evasión fiscal, motivo por el cual es necesario que las autoridades lleven a cabo una investigación a fondo para castigar a los presuntos responsables", puntualizó.

Respecto a la situación jurídica de Gómez Urrutia, señaló que siguen vigentes cuatros órdenes de aprehensión en el Distrito Federal, San Luis Potosí y Sonora, por delitos financieros graves, fraude y asociación delictuosa, por lo cual es considerado prófugo de la justicia.

Afirmó que Gómez Urrutia es responsable de la administración fraudulenta de 55 millones de dólares del fideicomiso minero, por lo que deberá responder ante las instancias correspondientes.

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