Los asambleístas panistas promueven una iniciativa para crear la Ley de Mediación Administrativa para el Distrito Federal entre instancias gubernamentales y ciudadanos, a fin de resolver conflictos y evitar marchas y bloqueos de vialidades.
El legislador Miguel Hernández explicó que sería una alternativa para resolver conflictos sociales y demandas vecinales a través de la negociación pacífica de conflictos, para reducir las inconformidades, el cierre de calles, avenidas y oficinas de gobierno e incluso la corrupción.
La iniciativa para crear dicha la ley, promovida por Hernández Labastida en su papel de coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propone crear el Instituto de Mediación Administrativa.
Explicó que sería un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, del cual dependerían los mediadores de las dependencias que decidan contar con ellos y quienes se encargarán de resolver los conflictos relativos al ejercicio de sus funciones.
Este proyecto legislativo brindará a las autoridades delegacionales, dependencias de gobierno y órganos descentralizados y desconcentrados, una opción para resolver de común acuerdo con los vecinos las diferencias e inconformidades que surjan.
Sobre todo se enfocará a solucionar problemas surgidos por la aprobación de programas de desarrollo urbano, la ejecución de obra pública u otras situaciones.
La propuesta, dijo, es complementaria a la Iniciativa Popular para Regular las Marchas y Manifestaciones en la ciudad de México presentada por el PAN, que contribuirá a que las demandas e inconformidades que motivan a actos de presión social concluyan de manera equitativa.
Hernández Labastida agregó que a través de este nuevo órgano de mediación se otorgará a los ciudadanos y agrupaciones sociales la certeza y seguridad de ser escuchados, sin la necesidad de paralizar o suspender las actividades de la administración pública.
Asimismo, será fundamental para aumentar la confianza y credibilidad en las instituciones y dependencias de gobierno, concluyó.
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