Los diputados aprobaron por unanimidad la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene la finalidad de facilitar el registro y la fiscalización de ingresos, egresos, pasivos y activos de los tres poderes de la Unión, así como de las gubernaturas de los estados, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, municipios y delegaciones.

Es una ley que reúne los requisitos a los que debe de aspirar toda sociedad moderna, en materia de registro de su patrimonio y operaciones financieras, afirmó en tribuna el diputado Javier Guerrero (PRI).

Las bancadas en San Lázaro dieron su respaldo a la nueva legislación que establece criterios generales para que las contabilidades y finanzas de los entes públicos se lleven a cabo de manera armónica.

Por vez primera la gestión gubernamental incluirá a todos los poderes y los obligará a publicar en Internet los estados contables y financieros.

Contarán con un plazo de tres años las entidades, como los municipios marginados, que requieran de medios diversos para cumplir sus nuevas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

El gasto público de cada entidad será reportado al público, de manera clara, y las disposiciones de esa contabilidad serán dictadas por un cuerpo técnico, que deberá requerir el registro de los bienes muebles e inmuebles, así como los estados financieros.

El incumplimiento será objeto de sanciones, de acuerdo con la Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con independencia del castigo de las legislaciones de carácter político, civil y penal.

La Cámara de Diputados aprobó por 342 votos a favor y ninguno en contra, la nueva ley, acompañada de la derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y turnó la minuta respectiva al Senado de la República.

Desde hace 10 años, el ejercicio del gasto público de la Federación asignó partidas presupuestarias a los estados de la república, sin que se determinaran reglas para el registro y rendición de cuentas de dichos recursos, particularmente los destinados al rubro de desarrollo social.

La nueva Ley General de Contabilidad dispone la creación de un Consejo Nacional de Armonización Contable, que fijará los lineamientos a seguir por el universo de entidades públicas.

Actuarán en dicho consejo, el secretario de Hacienda, los subsecretarios de Ingresos, Egresos y de Hacienda, el Tesorero de la federación, cuatro gobernadores y un alcalde.  Ese espacio de decisión tendrá el apoyo de un secretario técnico.

Alma Eduwiges Alcaráz, del PAN, dijo en tribuna que con esta ley se acabará con los saqueos de bienes públicos en los periodos de entrega-recepción.