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El secretario general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), José Antonio Caballero, aceptó la propuesta que hizo el presidente Felipe Calderón, durante su estancia en Chile, de realizar una "Operación Limpieza" en los poderes judiciales del país, pero pidió no sustentarla en declaraciones, especulaciones o en arranques momentáneos.

Pero el representante de la organización que aglutina a todos los juzgados y tribunales del país, tanto locales como federales, rechazó, de entrada, que en los poderes judiciales del país exista una situación del infiltración del narcotráfico como la que se ha detectado en las procuradurías y en las policías.

Los problemas de corrupción, dijo, se dan antes de que los casos lleguen a los juzgados.

El sábado pasado, durante su gira por Sudamérica, el presidente Calderón dijo que es deseable que la Operación Limpieza que se aplica en los cuerpos de seguridad federales también se replique y se profundice en estados, municipios e incluso en el Poder Judicial.

Entrevistado en torno a estas declaraciones, José Antonio Caballero coincidió en que la operación la deben encabezar los propios poderes judiciales, pero pidió que en ella también participen integrantes de distintos sectores de la sociedad, provenientes lo mismo de la academia que de organizaciones no gubernamentales.

Este tipo de revisión, aseguró, no sólo se debe hacer para detectar si hay casos de jueces relacionados con delincuentes, sino también para verificar si hay casos de jueces que suelen otorgarle a las procuradurías ordenes de aprehensión, autos de formal prisión y sentencias condenatorias, por consigna y sin el sustento debido.

Porque, destacó, si hay jueces que estén involucrados en actos de corrupción se deben ir. Pero lo que no se puede ni se debe hacer es culpar a los jueces de los errores de los ministerios públicos.

La supervisión a los poderes judiciales, advirtió, no puede partir de generalizaciones ni de declaraciones, porque si se va acusar a un poder, a un juez o a un tribunal que no esté dictando sentencias apegadas a derecho, se tiene que hacer con base en pruebas.

Porque, dijo, de lo contrario se corre el riesgo de que genere un clima de presión y de vulneración de la independencia que requieren los jueces para emitir sus resoluciones.
Incluso, recordó que durante la tercera reunión que tuvo la AMIJ, en Cancún el 14 de noviembre pasado, uno de los temas en los que se trabajó fue en establecer la líneas a seguir para contar con una política que rija la disciplina y las medidas precautorias y de sanciones que se deben aplicar a los juzgadores que se desvíen de su tarea.

En dicha reunión participaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados federales, consejeros de la Judicatura Federal, además de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el país.

Lo que buscan los poderes judiciales, explicó, es encontrar un balance adecuado entre independencia y responsabilidad de los funcionarios judiciales. Porque, "la independencia no implica impunidad".