La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) calificó de insuficientes las políticas sociales del gobierno local en favor de las personas adultas mayores, por lo que urgió a crear una política de Estado que beneficie a este sector.

Al dar a conocer el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones del Distrito Federal, el ombudsman local, Emilio Álvarez-Icaza, reconoció la labor y los recursos que el gobierno capitalino destina para procurar los derechos humanos de esa población.

Sin embargo, dijo, "no basta con la promoción de una pensión alimenticia" , pues se requiere de políticas reales.

Indicó que los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) que están a cargo del gobierno local reprueban en materia de garantizar y hacer valer los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad.

De acuerdo con el informe, elaborado en julio y agosto de 2007 por personal de la Primera Visitaduría General de la comisión, incluye las entrevistas a 532 adultos mayores de cuatro CAIS, nueve instituciones de asistencia privada y tres asociaciones civiles.

Los CAIS no cuentan con recursos suficientes para garantizar a los beneficiarios una vida con calidad, deben fortalecer sus acciones encaminadas a garantizar una vida libre de discriminación y de explotación, además no brindan servicios de atención médica al ciento por ciento, resaltó.

Álvarez-Icaza Longoria mencionó que se detectó que uno de los primeros espacios en donde sufren más violencia los adultos mayores es en la familia, debido a que los hijos se apropian del patrimonio de sus padres y los abandonan o los dejan en la calle.

Las mujeres, abundó, son las que padecen más indefensión o maltrato y los adultos mayores de menores recursos terminan en el abandono al no poder pagar un albergue o servicio.

El ombudsman capitalino destacó que la atención a este sector de la población requiere de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, pues muchas veces esta última decreta "muerte social" al no darle trabajo o negarle sus derechos.

Sin embargo, aclaró, es al gobierno al que le toca la mayor parte, por lo que urgió a desarrollar una agenda integral e implementar un programa de atención específico para no ver "un nivel de personas adultas mayores desatendidas" tan alto.

La falta de información de instancias gubernamentales y delegaciones administrativas de la capital contribuye a desatender y minimizar a este sector, que para 2050 sumará más de 36 millones de personas en el país, resaltó.

Por ello, en el informe se propone elaborar un Registro del Sistema de Asistencia e Integración Social, reglamentar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la ciudad, e impulsar una campaña de difusión sobre el reto que representa el aumento en el número de ese sector.

El ombudsman capitalino pidió a la población sumarse a esta tarea de atender, respetar y mejorar la vida de esas personas, así como garantizar el cumplimiento de sus derechos.

mvc