La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dirigió la recomendación 17/2008 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por la tortura y detención arbitraria de que fueron objeto tres personas por parte de policías judiciales adscritos a la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones.

En 2003, Juan Trejo Hernández, José Guadalupe Apis Rangel y José Apis Díaz, manifestaron que fueron detenidos sin causa ni motivo justificado por elementos de la Policía Judicial capitalina, y fueron objeto de tortura y malos tratos por parte de dichos servidores.

José Apis fue abusado sexualmente, quien después de haber sido asegurado, fue indebidamente trasladado por los judiciales a un domicilio particular donde fue objeto de diversos abusos y amenazado con hacerle daño a su familia para que se declarara culpable de un secuestro.

"La anterior afirmación, tiene sustento y se confirma con los certificados y valoraciones médicas que se le realizaron al afectado".

Los agentes de la PJ presentaron al señor Apis Díaz en las oficinas de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones aproximadamente siete u ocho horas después de su aseguramiento.

Durante ese tiempo, el presunto agraviado fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías judiciales Gerardo David Castañeda Almanza, Alfredo Olea Razo, Francisco Aranda Loza, Alberto Morales Rodea, Elizabeth Guillén Amescua, Elías Álvarez Hernández y Carlos Gilberto Hernández Jiménez.

Aunque existía una orden ministerial que ordenaba la búsqueda, localización y presentación del señor José Apis Díaz, los servidores públicos que lo detuvieron no se identificaron previamente, y no hicieron de su conocimiento la existencia de una orden de presentación en su contra, la cual no es restrictiva de la libertad, tampoco le solicitaron que acudiera a la Fiscalía Anti Secuestros, a fin de atender una diligencia de carácter ministerial, por el contrario fue sometido y arribado a una patrulla.

No obstante, no hubo pruebas para consignarlos por el delito que se les imputaba.

Aunque los agraviados denunciaron, no se procedió contra los agentes, algunos de los cuales, ya no pertenen a esa área ni a la Procuraduría.

La CDHDF pidió a la dependencia deslindar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas.

cagf