Habemus reforma petrolera. Después de un extenso debate sobre la reforma energética organizado por el Senado, que transcurrió de junio a agosto, de un intenso trabajo político en ambas cámaras, y de una labor legislativa de filigrana para dictaminar, el Congreso aprobó por amplia mayoría el paquete de iniciativas que envió el presidente Felipe Calderón a principios de abril.

Ese es el punto medular. Se logró a pesar de la oposición de Andrés López Obrador. Con todo y las movilizaciones que AMLO construyó alrededor de un fantasma de privatización inexistente de Pemex, y que según él buscaba despojarnos a los mexicanos de lo que la Constitución marca, que los hidrocarburos son propiedad de la nación, los obstáculos fueron superados. La victoria alcanzada por la política consistió en aislarlo, en ponerlo en evidencia y mostrar que sus afirmaciones no tenían sustancia. Se quedó sin argumentos, y lo más importante, quienes en un principio lo apoyaron, esto es, senadores y diputados del FAP, en su gran mayoría votaron a favor de los dictámenes que preparó la Comisión de Energía del Senado, presidida por el senador Francisco Labastida.

No haber votado este conjunto de reformas que le amplían a Pemex el margen administrativo de maniobra sí hubiera sido una dolorosa derrota política no sólo para el Ejecutivo, sino para cualquier esfuerzo encaminado a hacer mejor las cosas en el país. En este caso se le dio un espaldarazo a Pemex y un voto de confianza inmenso para que, al dotarlo de una gran autonomía, revierta la caída de las reservas y la producción de petróleo crudo. Tan sólo en los últimos 12 meses, de septiembre de 2007 al de 2008, la extracción de crudo ha disminuido en 439 mil barriles diarios, explicada por el desplome vertiginoso de la producción del crudo pesado de Cantarell, que no ha podido compensarse con la de otros campos, de ahí la importancia de ir a aguas profundas y a desarrollar Chicontepec.

Sin embargo, sí tiene que reconocerse que desde el punto de vista económico es sólo un pasito en la dirección correcta. Esta reforma desafortunadamente no va a ser suficiente, pues se persiste en el mismo modelo de monopolio, no en el de la propiedad de los hidrocarburos que es intocable, sino en  concentrar los riesgos en un solo organismo público descentralizado con la exclusividad de la exploración y la extracción de los hidrocarburos, así como su transformación. En 1995 se dio un paso trascendental al permitir la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. No perdimos soberanía; al contrario, muchas regiones del país se pudieron sumar al desarrollo nacional, como la península de Yucatán, que con el gasoducto que va de Ciudad Pemex a Valladolid, construido y operado por una empresa extranjera, obtuvo el suministro para las plantas de generación de electricidad de ciclo combinado.

En esta ocasión no se pudo ampliar este esquema probado de participación privada al petróleo crudo, con el que México habría ganado un espacio para atraer inversión en infraestructura que impulsa directamente las actividades económicas de sus regiones. Tampoco habrá un avance en materia de refinación, aunque México tenga una experiencia muy exitosa ampliando la capacidad para refinar nuestros crudos en EU con empresas privadas.

La pérdida de soberanía se da cuando se toman decisiones económicas equivocadas y, en particular, cuando se posponen decisiones que afectan el potencial que sirve para abrir nuevas fuentes de trabajo. El número de empleos que requerimos generar sólo se podrá si atraemos más inversiones al país. Perdemos soberanía cuando millones de mexicanos se ven obligados a emigrar por la falta de oportunidades. De poco sirve tener petróleo y muchos otros recursos naturales, si no hay visión de Estado para transformarlos en riqueza a favor de los mexicanos.

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Economista