La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile denunció hoy que más de mil homicidios cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet no son investigados por los tribunales.

Según antecedentes que posee la AFEP, unos mil 164 casos de homicidios no están siendo investigados, por lo que solicitó al pleno de la Corte Suprema que informe de cuántos procesos se instruyen actualmente por crímenes en los cuales los cadáveres fueron entregados a sus familiares, aseguraron los abogados de la organización.

Se trata de casos que en el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990) y datos posteriores a 1996, figuran como "muertos", para diferenciarlos de los "detenidos desaparecidos".

Según el abogado Hugo Gutiérrez, el problema de fondo se genera porque, reconquistada la democracia en 1990, las instituciones creadas para colaborar con los tribunales en la persecución de los responsables de los delitos de la dictadura no contemplan la posibilidad de hacerlo respecto a aquellas víctimas con categoría de muertos, sino sólo respecto a los desaparecidos.

El letrado añadió que tampoco existen los recursos profesionales, materiales ni financieros para efectuar esta tarea.

De acuerdo con los familiares, el Programa de Derechos Humanos del Gobierno no está facultado para hacerse parte ni actuar en relación a este tipo de víctimas.

En el mismo sentido, la AFEP agregó que tampoco el Estado ha recopilado información acerca de los ejecutados como la que existe sobre los detenidos desaparecidos.

Entre los casos no investigados de víctimas que aparecen como "muertos" están Guillermo Zamorano Díaz, Arnaldo Flores Echeverría, Marisol Vera Linares, Mauricio Maigret Becerra, Sergio Aedo Guerrero, Iván Aqueveque Antileo, Eduardo Vielma Luengo, Silvia Orellana Pino, Héctor Queglas Maturana, Luis Saavedra González, Manuel González Allende, Simón Allende Fuenzalida y Alamiro González Saavedra.

jigh