El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, informó que solicitó al presidente Felipe Calderón autorización para reestructurar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tras confirmar que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico, concretamente de la organización de los Beltrán Leyva a cambio de información clasificada.

"Para fortalecer a fondo la operación y excelencia jurídica que deben imperar en la SIEDO, solicitaré al señor presidente de la República su autorización para restructurarla", aseveró.

En conferencia de prensa, Medina-Mora confirmó que como resultado de las investigaciones, han sido separados de sus cargos 25 agentes del Ministerio Público adscitos a la SIEDO y otros más que forman parte del personal de apoyo y que suman en total 35 funcionarios.

El funcionario sostuvo que el proceso de limpieza y revisión en la Subprocuraduría continuará y será permanente y que el problema detectado ahora es resultado de que no se habían aplicado, con regularidad, los mecanismos de selección y control para los funcionarios de esa subprocuraduría.

Explicó que a partir de la aprobación que haga el Congreso de la Unión de la nueva ley orgánica de la PGR y su reglamento, las unidades ministeriales para combatir la delincuencia de la SIEDO, se organizarán a partir de la especialización de los fiscales.

"Se va a limpiar de tajo cualquier síntoma de corrupción y prueba de ello es que hasta hoy han sido separados de su cargo 35 agentes del Ministerio Público de la Federación y fiscales", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Documentos obtenidos por este diario muestran cómo la penetración en los más altos niveles dentro de la lucha contra el crimen organizado en México, desde al menos 2004, dejó al descubierto nombres de militares, agentes y fiscales antimafia, y la identidad y acciones de agentes de la DEA en México.

Entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. El viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.

Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue arraigado el 4 de agosto, y el 15 de octubre un juez federal le dictó un auto de formal prisión. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.