Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL muestran cómo la penetración en los más altos niveles dentro de la lucha contra el crimen organizado en México, desde al menos 2004, dejó al descubierto nombres de militares, agentes y fiscales antimafia, y la identidad y acciones de agentes de la DEA en México. La investigación, denominada por la PGR como Operación Limpieza, se inició a principios de agosto pasado como resultado de declaraciones de testigos protegidos, y se tejió rápidamente para neutralizar a los presuntos responsables dentro del gobierno federal, detener a media docena de funcionarios y jefes policiales de la SIEDO, y minimizar el daño al combate al crimen.

Los documentos de la PGR establecen que los funcionarios y agentes federales trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos protegidos, contenidas también en los documentos, los empleados de la SIEDO podrían haber prestado sus servicios a varias de las principales organizaciones criminales del narcotráfico.

Entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. El viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.

Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue arraigado el 4 de agosto, y el 15 de octubre un juez federal le dictó un auto de formal prisión. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.

Consultada el viernes pasado sobre la Operación Limpieza y las consignaciones, la PGR declinó confirmar o desmentir la información. “No podemos dar ninguna información hasta el momento procesal oportuno, pero ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ni la subprocuradora de la SIEDO, Marisela Morales, tolerarán actos de corrupción”, dijo escuetamente Fernando Castillo, vocero de la PGR. La embajada de EU, inquirida sobre el caso y la probable quiebra de sus protocolos de seguridad, reiteró que por política no podrían realizar comentario alguno.