La diputada federal del PRI, Guillermina López, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución, a la Ley General de Educación y una nueva Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de sancionar a los maestros que suspendan labores sin causa justificada, no cumplan con su horario de clases y vendan o traspasen plazas magisteriales.

En la iniciativa presentada en el pleno de la Cámara de Diputados, la priísta expone la necesidad de lograr una educación de calidad y competitiva, que rinda cuentas de su desempeño, mejore las prácticas de enseñanza, investigación, formación y garantice la actualización de la planta docente.

Indicó que en México se destina menos del 5% del gasto nacional a atender el rezago educativo de 33 millones de personas que no saben leer ni escribir o no concluyeron primaria ni secundaria.

Cada año, agregó, se suman al analfabetismo entre 100 mil y 140 mil mexicanos por falta de acceso a una escuela, ya que viven en zonas alejadas a las urbanas; de ese total, 20 mil son jóvenes de entre 15 y 19 años.

El documento señala entre los estados con mayor rezago educativo a Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y los municipios con el mayor índice de personas que no saben leer ni escribir se encuentran en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Las modificaciones a la Ley General de Educación buscan establecer en su artículo 75 infracciones a quienes prestan servicios educativos, por expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; así como realizar actos que impliquen la venta o traspaso, a través de la obtención de un beneficio económico o de forma hereditaria, de plazas sindicales para desempeñarse como trabajador de la educación.

En el artículo 76, sugiere sancionar esas faltas con la suspensión del empleo, cargo o comisión por un plazo de 5 años y, en caso de reincidencia, con la destitución inmediata del puesto.

Se sugiere también expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo objetivo sería regular y supervisar los mecanismos implementados para mejorar la calidad educativa.

Dicho Instituto sería un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y tendría como finalidad coordinarse con las autoridades educativas federales y estatales, así como con los sectores privado y social para planear, diseñar, implementar y ejecutar los instrumentos que incrementen la calidad, productividad y competitividad de la educación.