A fines de mes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podrá considerarse legalmente "social demócrata"; castigar de manera fulminante, con la expulsión, todo acto de traición, y cerrará la puerta a otro Pemexgate, al corresponsabilizar a sus dirigentes y funcionarios de finanzas de las cuentas erróneas que entregue ese partido.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE avaló el dictamen sobre las reforma estatutarias aprobadas por el PRI en su XX Asamblea el 23 de agosto pasado y es un hecho que el pleno del Consejo General del IFE ratificará su aval en la sesión plenaria del Consejo General del próximo 29 de octubre.

Las enmiendas priistas cierran el paso, definitivamente, a toda posibilidad de un nuevo "Pemexgate", ya que los presidentes de Comité, Secretarios de Finanzas, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular serán responsables solidarios de los adeudos y multas que le causen al partido por la mala administración de recursos.

Estos funcionarios tendrán también que hacerse cargo de la falta o defectos en la comprobación de egresos de ese partido, ante los órganos electorales.

Además, perderán su militancia todos aquellos que "apoyen públicamente o realicen labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los Estatutos"

"Tratándose de reafiliación de aquellos que hayan salido del partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica".

El 23 de agosto, la XX Asamblea Nacional del PRI aprobó reformas a sus documentos básicos en tan sólo 25 minutos y sin objeciones de sus cerca de 5 mil delegados.

Entre dichas enmiendas, el PRI se pronunció por el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular como mecanismos necesarios en la toma de decisiones, además de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Igualmente se comprometió a proseguir con la Reforma del Estado.

Para ello, anunciaron que impulsarán modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Promoverán además una reforma al Poder Legislativo para revisar el número de sus integrantes y aprobar la creación del Código de Ética de los Legisladores, además introducirá nuevas reformas a efecto de actualizar el marco normativo que permita dotar al Congreso de los instrumentos de control más adecuados sobre el gobierno y la administración.

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