Esta semana el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas que mejora las condiciones laborales de militares y marinos, otorga mayores pensiones e impide que sean dados de baja quienes tengan Sida.
Con esta modificación se garantiza que los efectivos del Ejército y Marina no sufran discriminación por ser portadores de Virus de Inmonudeficiencia Humana (VIH) o de Sida, como ha sucedido anteriormente.
Apenas el mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar) no discriminar ni retirar a dos de sus elementos activos por ser portadores del VIH por presentar "inutilidad en actos ajenos al servicio".
Sin embargo, la Semar rechazó la excitativa que la CNDH le hizo. Con este acto la dependencia se convierte en la única institución pública que ha rechazado las recomendaciones de la Comisión por violaciones a los derechos de las personas que viven con VIH, pues de las 23 que ha emitido este organismo respecto a este tema, sólo las dos dirigidas a la Marina no han sido aceptadas.
La primera vez fue en 2004, durante la administración foxista , cuando al frente de la Marina estaba Marco Antonio Peyrot. La CNDH, en ese entonces, emitió la recomendación 49/2004 al considerar que se habían violado los derechos humanos de los marinos al someterlos a una prueba de VIH sin consentimiento informado. Ésta no fue aceptada.
Hace tres semanas el ombudsman nacional recomendó al secretario de Marina, Francisco Saynez, la reparación del daño a los marinos dados de baja por tener VIH, su reincorporación al servicio activo con la continuación de sus prestaciones de seguridad social, así como la capacitación de su personal y la adopción de medidas preventivas contra la discriminación.
Esto luego de que la Semar despidiera en el último año a dos de sus integrantes por "inutilidad permanente" al vivir con VIH Sida.
Hasta el momento, la Marina no ha emitido comentario alguno por la reforma de los diputados.
Sin embargo, el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó este 14 de octubre la recomendación que Derechos Humanos hizo por el caso de tres militares que serían dados de baja por inutilidad al ser diagnosticados como portadores de VIH/Sida.
La Sedena emitió públicamente en agosto que 806 soldados son portadores del VIH; 147 son atendidos en el Hospital Central Militar.
Por entidades, el estado de México es donde se ha hallado el mayor número de contagiados; le siguen el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En gastos para la atención de estos pacientes, la dependencia castrense erogó 32 millones 144 mil pesos, en 2006, y 34 millones 154 mil 948 durante 2007. El gasto mencionado fue, básicamente, para la compra del medicamento Valganciclovir, en comprimidos de 450 microgramos con 80 dosis. La Sedena pagó por cada caja 17 mil 407 pesos.
Durante la actual administración se han iniciado 28 procedimientos de "retiro por inutilidad", contra algunos soldados y jefes, sin que ninguno haya causado baja como elemento militar, pese al señalamiento del artículo 226 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que habla de la pérdida del trabajo bajo el argumento de "retiro por inutilidad".
Pero con la reforma que los diputados hicieron para evitar la discriminación de elementos con VIH o Sida, estos casos deberán quedar en el pasado.
cgb