El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se pronuncia en contra la aprobación de contratos de Pemex a la iniciativa privada nacional y extranjera, ya que ello, asegura, terminaría por complicar aún más la relativa estabilidad del país.
En un comunicado difundido el día de hoy, el grupo armado asegura que ante la agudización de la miseria y la lucha de clases en el país, el gobierno federal está desarrollando los ensayos y las formas para implantar a nivel nacional el toque de queda, la anulación de las garantías individuales y el estado de sitio, presionando a los gobiernos estatales y municipales para su aplicación.
Califica como "gloriosa" la lucha del magisterio democrático en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación, particularmente en Xoxocotla, Morelos, y califica de "mito mediático" la lucha contra el narcotráfico.
El tráfico de drogas, dice, es en realidad un negocio del gobierno de los Estados Unidos, que ha logrado enfrentar a los grupos de narcos entre sí para controlar el trasiego y el consumo de enervantes y salir así de su crisis económica, "como lo hizo en la depresión del 29 prohibiendo la venta de alcohol y controlando, por medio de la mafia, a los que acumulaban el capital de este consumo".
Cita como ejemplo del recrudecimiento de la represión en el país la masacre contra los pobladores de Chincultik, Chiapas, y la auto inmolación que hiciera el campesino veracruzano Ramiro Guillén.
Reitera su demanda de que sean presentados sus compañeros militantes desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como Francisco Paredes. Para ello pide al gobierno darle celeridad a la respuesta de las demandas de la Comisión de Mediación, a las demandas integrales del EPR "y a las demandas de nuestro pueblo o serán los responsables de las acciones de autodefensa que el pueblo emprenda".
El grupo armado hace un llamado a realizar una revolución socialista en vista de que la realidad política y económica nacional "está preñada de represión, corrupción, impunidad e injusticia".