Tal vez eso llegará con el tiempo; al menos así lo espera Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). "No sé si como una consecuencia, seguramente sí a la postre; porque (con esas reformas) habría una consecuencia de mayor apoyo financiero, administrativo a tantísimas tareas que resultan relevantes".

Durante su estancia en esta ciudad para presenciar el 36 Festival Internacional Cervantino ---que le trajo "tantos recuerdos" de cuando fue director general como hoy lo es su amigo Gerardo Kleinburg---, Sergio Vela platicó con EL UNIVERSAL de las reformas a los artículos 4 y 73 constitucionales; de la incorporación de la iniciativa privada en materia cultural, de la lenta gestión cultural que padece México y de la participación del Conaculta en el reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que quedará listo para mediados de noviembre.

Vela aseguró que esas reformas que ya pasaron por en el Senado de la República, son de gran importancia porque en última instancia la cultura dejará de verse como algo suntuario y un gasto superficial. "Es una gran apuesta a su carácter trascendente, a su carácter de factor de cohesión social, de alivio de las tensiones de una sociedad; es una apuesta transgeneracional al mejoramiento de una sociedad".

Aseguró que de aprobarse habría mejores mecanismos y más recursos para hacer llegar la cultura a los mexicanos.

ACCESO A LA CULTURA PARA TODOS

La política cultural nacional compete lo mismo a las instituciones federales que a las instituciones locales. Una verdadera política cultural nacional no es nada más la política cultural federal, el carácter nacional se entiende en esa plena articulación por lo que se hace en los estados en materia cultural, por ello para nosotros es tan importante reconocer a la entidades federativas como nuestros interlocutores.
Se trata de construir una serie de consensos con el pleno respeto a la gestión cultural de cada uno de los estados y de los municipios también; y por otra parte ver la manera en cómo se articula el sector público con el sector privado. Me parece que el concepto de corresponsabilidad es fundamental en ese sentido.

Frente a la insuficiencia de recursos públicos en materia cultural, necesitamos mejores mecanismos que involucren al sector privado, mecanismos que estimulen mediante una política fiscal conveniente para la vida cultural, la participación del sector privado.

No se trata de suponer que la vida cultural está determinada por el sector público nada más, ni de suponer que se excluye, hay tareas que son indeclinables, que son responsabilidad pública federal por ejemplo la protección del patrimonio, nadie pretende que eso deje de ser una responsabilidad estrictamente federal a cargo de las instituciones públicas. Sin embargo, me parece que la inmensa mayoría de los temas culturales permiten y casi diría exigen, por la realidad que nos circunda, una plena articulación con un sentido de corresponsabilidad.

Hacia allá vamos y creo que un primer paso, quizás de carácter simbólico pero relevante, es que haya un reconocimiento de la relevancia y sustancia cultural en un artículo cultural. Creo que la aprobación unánime que ha recibido esta iniciativa por parte de la Cámara de Diputados y que ha pasado a su revisión al Senado de la República, nos permite vislumbrar que una vez que haya sido aprobado, pase a las legislaturas estatales y creo que será un tema que contará al menos con la mayoría aprobatoria de las legislaturas estatales o su posible unanimidad, de tal forma que se dé la reforma constitucional, que más que una reforma, que formal y técnicamente lo es, se trata de un añadido, un enriquecimiento a la Constitución, en expresión coloquial.

QUÉ SIGNIFICA EL ACCESO A LA CULTURA

Significa ante todo, la posibilidad de contar con mejores mecanismos administrativos y legislativos que logren esta plena articulación y un dinamismo en el ejercicio de recursos públicos en materia cultural, que haya más recursos. Se necesita que los buenos principios pasen a la realidad concreta de reformas específicas, de mejoramiento específico en materia normativa.

Se trata de un proceso paulatino, que en última instancia recibe su aval del reconocimiento constitucional. La reforma se plantea no solo como una declaración de principios, sino como una posibilidad de que el congreso legisle en materia cultural; hasta ahora la facultad ha sido y sigue siendo implícita.

No es nada más el artículo 4º, es también una añadidura al articulo 73 donde las facultades del Congreso en material cultural quedarían explicitadas, que significa que habría una legislación actualizada, puesta al día, que nos permita contar con mejores herramienta. El marco jurídico no es una limitación es un instrumental en la administración pública

LA POLÍTICA CULTURA COMPETENCIA DE TODOS

La política cultural nacional compete lo mismo a las instituciones federales que a las instituciones locales, y se requiere una verdadera política cultural nacional en la que haya una plena articulación con los estados. También mantiene su propuesta de articular el sector público con el sector privado.

No se trata de suponer que la vida cultural está determinada por el sector público nada más, ni de suponer que se excluye; hay tareas que son indeclinables, que son responsabilidad pública federal, por ejemplo la protección del patrimonio, nadie pretende que eso deje de ser una responsabilidad estrictamente federal a cargo de las instituciones públicas.

PRESUPUESTO 2009

Se niega al vaticinio, sabe que es un asunto que está en manos del poder legislativo; pero considera muy significativo que la iniciativa del presupuesto de egresos haya partido de la cifra que este años está siendo ejercida en materia de cultura e incluso tiene un leve incremento.

El día de ayer el presidente de la República anunció un plan de incremento del gasto público y este plan incluye el gasto en infraestructura, entre ellos la infraestructura educativa, a mi me parece que debemos estar atentos al proceso de integración del presupuesto, pero somos muy respetuosos de atribuciones en cada una de las áreas; sabemos que es un momento muy complejo; pero me parece que la materia cultural no es como subrayé antes un asunto menor, no es adorno, no es un lujo, es algo necesario, es algo saludable para una sociedad; además hay una larga tradición en México de ejercicios de recursos públicos, aún en tiempos de contracción económica.

En las décadas que ha habido un repliegue en el sector público por insuficiencia de gasto en el mundo, en México no se ha cerrado ningún museo, no ha desaparecido ninguna compañía pública, no se ha cerrado una biblioteca, no han dejado de crecer las instituciones culturales, incluso las públicas. Ha habido un reconocimiento de la pertinencia de ejercer recursos públicos en materia cultural.

Los recursos son insuficientes porque la realidad es mayor que la disponibilidad de recursos; se trata de encontrar la complementariedad de los recursos pero no ha habido casos de cancelación de proyectos culturales o desaparición de instituciones culturales.

CON LA INICIATIVA PRIVADA REGLAS CLARAS

Hay que dejar muy claro que hay responsabilidades indeclinables, hay tareas en las que el sector pública actúa en ejercicio de atribuciones y facultades que son asignadas y que no actuar en este sentido sería incumplir con la ley. La protección de patrimonio es un asunto de interés público; son instituciones públicas las que lo tienen que seguir haciendo, el patrimonio es común, nadie habla de una privatización de la nación; pero el sector público no es dueño de la cultura, es un bien común que no excluye a nadie, la idea de que interactúen el sector público y el sector privado me parece fundamental; por qué habríamos de atomizar los recursos si para ambos sectores hay insuficiencia cuando podemos sumarlos a una causa común.

En primera instancia actuar de manera más responsable, por eso hablo de corresponsabilidad, la gestión cultural pública no excluyen la participación del sector privado.

Tan es así que las instituciones públicas pueden contar con patronatos privados que apoyen la gestión públicas y también una serie de organizaciones de derecho privado puede contar con recursos públicos que los apoyen, me parece que el círculos es virtuoso; es decir, si hay dinero privado que apoya a las instituciones públicas en tareas específicas; ahí necesitamos atraer con gran dinamismo e imaginación fomentar el interés del sector privado sin que se llegue a una negación de la responsabilidad de conducción de las instituciones públicas, sin que quede supeditada la sustancia de la gestión cultural a temas impertinentes.

No se trata tampoco de comercializar en un sentido mercantilista, sí se trata de reconocer que hay muchos productos culturales que pueden generar riquezas e insertarse en el ámbito del desarrollo; tener una serie de bienes y productos culturales que permitan fortalecer la propia gestión cultural; también en materia turística podemos utilizar, sin pervertir nuestro patrimonio, podemos utilizar como fuente de riqueza el turismo cultural, sin que esto signifique que se privatiza.

Estamos en un momento de gran diálogo con cada uno de los actores y creo que todo esto contribuye al establecimiento de una perspectiva compartida.

EL RIESGO DEL EXCESO PRIVADO

Se trata de tener buenas reglas, los patronatos no sustituyen la dirección. Toda institución cultural requiere de líneas directrices y esas directrices no las estableen los patronatos; las establecen las instituciones.

No se trata de que sean intereses distintos a los estrictamente culturales los que toman las decisiones, lo que pasa es que no tenemos la costumbre.

Hay muchas suspicacias porque se piensa que el sector privado y el sector público son incapaces de una debida articulación, pero creo que la materia cultural permite este nivel de diálogo y corresponsabilidad.

Hay que poner bien las reglas y ceñirse a ellas, pensar bien las cosas y o no renunciar a las responsabilidades que son públicas y seguirán siéndolo.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

Ha habido una amplia discusión, hay muchas opiniones; el caso es que tenemos en este momento una legislación promulgada, se estableció ya el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura con una serie de reglas de funcionamiento del propio consejo y se dará a conocer a mediados del mes próximo, dentro del plazo perentorio marcado pro la ley, los planes de trabajo.

Ese Consejo cuenta con el carácter de miembros permanentes cuenta con la presencia de representantes de editores, de libreros, con la presencia de la titular de la SEP y del Conaculta, estamos hablando de organizaciones del sector privado e instituciones públicas articuladas con un mismo propósito.

Frente a la serie de opiniones que suscita la actividad editorial nos toca cumplir con cada una de las exigencias de la ley para poner en práctica los principios establecidos en la ley y los mecanismos que prevé la propia ley; permitir que rinda frutos y evaluarla.

Ha habido una serie de opiniones críticas a priori y posteriori, no hay un carácter unánime sobre algunos de los mecanismos que prevé la ley, en específico en lo que toca al precio único, pero en este momento es un imperativo legal, de tal manera que lo debemos cumplir.

Al final de cuentas lo que hay es una articulación de las distintas áreas que inciden sobre el fenómeno del libro y la lectura. Estamos viendo cuál va a ser el mecanismo para poner en práctica las sanciones a quien viole el precio único, porque no puede quedar en manos de un organismo privado algo que es una consecuencia pública, se está trabajando en este momento en el reglamento de la ley que en esto todavía no es completamente preciso para encontrar algo que jurídicamente sea sólido, de lo que se trata es evitar que haya una violación a la ley o a una insuficiencia con consecuencias jurídicas.

mzr