La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que hay un creciente aumento en el número de secuestros, extorsiones y hasta abuso sexual a migrantes indocumentados por parte de bandas de ex agentes policiacos o de grupos delictivos que cuentan con la complicidad de autoridades a su paso por Coahuila, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su paso por esas zonas del país los migrantes son sorprendidos y secuestrados en las cercanías de casas de ayuda a migrantes o de estaciones de autobuses y hoteles, o en los denominados “caminos de extravío”, en vías y estaciones ferroviarias.

“Los llevan a casas de seguridad, les quitan sus pertenencias, los amenazan y golpean para que proporcionen números telefónicos de sus familiares”, identificó la Comisión como una forma de extorsión.

La Comisión dijo que ha recabado testimonios directos y recibido otros de casas de ayuda a migrantes, acerca de víctimas de secuestro que han sido extorsionados hasta en tres ocasiones.

“Es frecuente que los migrantes prefieran no presentar denuncia formal alguna ante el Ministerio Público, por el temor a ser llamados a comparecer, detenidos, asegurados o expulsados y porque su prioridad es tratar de continuar su viaje hacia los Estados Unidos”.

En cinco casos, personal de esta Comisión Nacional ha asistido a personas migrantes en la presentación de sus denuncias, las que se encuentran radicadas ante las autoridades de procuración de justicia de Tenosique, Tabasco; Coatzacoalcos y Veracruz, Oaxaca, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Otra modalidad de esta forma de secuestro es que los delincuentes se presenten como “polleros” y ofrezcan trasladar a los migrantes hasta la frontera con Estados Unidos.

Al llegar a un estado fronterizo, los privan de la libertad y los obligan a gestionar con su propia familia el pago de un rescate.

Si la persona intenta escapar recibe un escarmiento ante sus compañeros, para inhibir cualquier intento de fuga.

El cautiverio puede durar varias semanas o incluso meses, en que los secuestrados duermen en el piso, reciben muy escasa alimentación y las mujeres suelen ser víctimas de abuso sexual.

En los testimonios recabados y que son del conocimiento de las autoridades, la Comisión Nacional encontró casos de secuestro que afectan desde a una sola persona hasta cien en un mismo evento. Además, obtuvo información que evidencia que un importante número de pagos de rescates se hace desde Estados Unidos, por amigos, paisanos o familiares de las víctimas.

En algunos casos, los pobladores tienen datos valiosos de identificación de los secuestradores, características de sus vehículos, ubicación de sus casas de seguridad, pero igualmente temen denunciar directamente por desconfianza o miedo a represalias.

Los lugares específicos en donde se ha efectuado la mayor parte de los secuestros de migrantes son Balancán y Tenosique, en Tabasco, Coatzacoalcos y Tierra Blanca, en Veracruz; Ixtepec, Oaxaca; Huixtla o La Arrocera, Pijijiapán, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en Chiapas. Asimismo se tiene conocimiento de casos en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en las afueras de la capital de San Luis Potosí, así como en lugares inmediatos a la frontera, en Sonora, Tamaulipas y Coahuila.

La CNDH demandó no hacer distingos en la preservación de las garantías fundamentales, pues en el derecho a la protección y la seguridad no importa nacionalidad ni estatus migratorio ni la situación patrimonial. Todas las conductas delictivas de las que ha conocido la CNDH, en casos como los descritos, han sido notificadas a las autoridades correspondientes.

A través de un comunicado, la Comisión, dio a conocer que se ha presentado un aumento en el número de quejas de migrantes recibidas en el que son violadas sus garantías fundamentales al ser llevados a “casas de seguridad” para exigir a sus familiares el pago de rescate.

Por tal motivo la Comisión demandó a las diferentes autoridades mayor atención a los casos planteados, así como medidas preventivas que mejoren la seguridad, protección y respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes expuestas también a formas extremas de victimización, como la privación ilegal de la libertad.

La CNDH considera que en momentos en que la sociedad enfrenta una crisis en los esquemas de la seguridad pública es importante no perder de vista la difícil situación que enfrenta un grupo social tan vulnerable como el de las personas migrantes, afectado por la acción incontrolada e impune de bandas del crimen organizado.

Dicho organismo se pronunció por la efectiva intervención de las autoridades mexicanas para que desarrollen actividades específicas en esta materia y cumplan con su responsabilidad y se inhiba la creciente actividad de esos grupos delictivos.

En el orden jurídico nacional, es obligación del Estado garantizar seguridad y justicia para quienes se encuentran en territorio mexicano.

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