El máximo tribunal del país emitió este criterio al desechar, por notoriamente improcedentes, cuatro juicios amparos que promovieron grupos empresariales y organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, en los que se impugnaba el contenido de las recientes reformas constitucionales en materia electoral, en las que, entre otras cosas, se prohibió que los particulares puedan contratar propaganda para influir en las campañas electorales.

En una serie de votaciones divididas, el Pleno de la SCJN acordó, únicamente, admitir a estudio sólo 30 amparos que promovieron diversos grupos empresariales como Coparmex y el llamado grupo de "intelectuales" que encabeza Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, pero únicamente para que se revise si los legisladores cumplieron con todos los requisitos para modificar la Constitución.

La mayoría de la Corte instruyó a los jueces federales que atenderán estos casos para que se limiten sólo a verificar si el proceso legislativo que se siguió en el caso de la reforma electoral fue el correcto.

Con esta decisión la Corte limita el alcance de su sentencia y alarga el proceso de resolución final, pues los asuntos tendrán que regresar a los juzgados de origen para que, a su vez, éstos emitan la sentencia de primera instancia.

La resolución de la SCJN no garantiza que la sentencia que emitan los jueces vaya a ser favorable para los empresarios, porque puede haber nuevas causas para desechar sus amparos o para negárselos, tal y como lo reconocieron varios de los ministros del alto tribunal.

Cómo sea, al final, después de varios meses, los asuntos tendrán que volver a la Corte para que las sentencias dictadas por los jueces vuelvan a ser resueltas por el máximo tribunal del país.

grg