La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que plantea que las personas que renten, arrienden o presten algún inmueble o casa para la realización de delitos como secuestro, narcotráfico o robo de automóviles serán considerados como parte de la organización criminal.
La iniciativa presentada en la sesión de este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la diputada priista Patricia Villanueva Abraján, busca cerrar el paso a la llamadas "casas de seguridad" que son rentadas o arrendadas al crimen organizado, responsabilizando a los dueños de esas casas de los delitos que se cometan.
"Se considerará miembro de la delincuencia organizada y será sancionada en los términos a la persona o las personas que faciliten la realización de los ilícitos previstos en ella mediante la transmisión temporal del uso y goce de un inmueble de su propiedad".
En la iniciativa que se analiza en Cámara de Diputados se obligará a quienes arrienden o presten inmuebles sin que el contrato de arrendamiento se haga según lo previsto en el Artículo 2448-F del Código Civil Federal o las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de las entidades federativas y Distrito Federal.
La reforma, destaca la iniciativa, busca inhibir delitos como el terrorismo; falsificación o alteración de moneda, tráfico de órganos, tráfico, corrupción y pornografía de menores, turismo sexual, lenocinio, asalto, robo de vehículos y trata de personas.
"Para los grupos delictivos se ha hecho recurrente el uso de bienes inmuebles respecto de los cuales adquieren el uso y goce temporal mediante la celebración de supuestos contratos de arrendamiento. Ello les permite operar con impunidad y proteger un patrimonio de origen ilícito", dijo Villanueva. Los inmuebles utilizados por el crimen organizado son lo que se conoce como "casas de seguridad", cuyo aseguramiento y consiguiente expropiación protegen utilizando la figura de contrato de arrendamiento verbal, pasando por alto la legislación contractual de la materia.
"Así encontramos que por una parte el arrendador, en la celebración del referido contrato, actúa supuestamente de buena fe, sin embargo no debemos pecar de ingenuidad: en la mayoría de casos estos arrendadores forman parte de dichas organizaciones delictivas; son sus cómplices. Por ello debemos actuar en consecuencia", indicó.
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