En su iniciativa, que presentará mañana ante el pleno de la Asamblea Legislativa, propone una sanción de 10 a 30 años de prisión y la suspensión de derechos políticos hasta por 15 años a quien realice algún acto terrorista por perturbar la paz pública, menoscabar la seguridad y autoridad del gobierno.

Reconoció que el Código Penal del Distrito Federal abarca el tipo penal de terrorismo, pero hay vacíos legales que pueden dar paso a que, quienes cometan o intenten un acto terrorista, evadan la acción de la justicia.

Con penas de tres a nueve años de prisión y hasta 200 días de multa, el legislador pretende sancionar a quien tenga conocimiento de actividades o identidad de un terrorista y no lo haga saber a las autoridades, a fin de acabar con la complicidad y el encubrimiento.

Asimismo, a quien amenace con cometer un acto terrorista se sancionará con pena de cuatro a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

El también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia insistió que, luego de los atentados perpetrados en Morelia, Michoacán, el Distrito Federal debe adecuar su derecho a la realidad, toda vez que se han presentado incidentes similares, como la detonación de un explosivo en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en febrero de este año.

En otro orden de ideas, diputado local Leonardo Álvarez Romo, acompañado por el legislador perredista Mauricio Toledo Gutiérrez, presentó 300 cartas de capitalinos que apoyan la consulta ciudadana sobre la pena de muerte a secuestradores, pues el Distrito Federal es una de las entidades con mayor número de secuestros.

Dijo que sin lugar a dudas, es un tema que toca muchas fibras sensibles, pero realizar una consulta sólo refrenda el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a opinar, pretende dar a conocer su postura, no analizar y debatir sobre su legalidad, ya que esto le toca al Congreso de la Unión.

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