En conferencia de prensa, el legislador señaló que a diferencia de 19 entidades del país el Distrito Federal mantiene un vacío legal en ese tema, lo que puede dar lugar a que quienes cometan o intenten un acto terrorista evadan la acción de la justicia.

Expuso que en el Código Penal local no se sanciona los actos cometidos mediante explosivos o armas, ni cuando se provoca alarma, temor o terror en la población, o en un grupo o sector de ella, es decir terrorismo, pues sólo contempla el delito de ataques a la paz pública.

Por ello, dijo, su iniciativa propone sancionar con de 10 a 30 años de prisión y la suspensión de derechos políticos hasta por 15 años a quien realice algún acto terrorista para perturbar la paz pública, menoscabar la seguridad y autoridad del gobierno o presionarlo a que tome una determinación.

También plantea penas de tres a nueve años de prisión y hasta 200 días de multa a quien tenga conocimiento de actividades o identidad de un terrorista y no lo haga saber a las autoridades, a fin de acabar con la complicidad y el encubrimiento.

El integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) indicó que además propone que a quien amenace con cometer un acto terrorista sea sancionado con una pena de cuatro a 12 años de prisión y hasta 500 días multa.

El legislador explicó que la iniciativa pretende atender el reclamo de la sociedad mexicana que exige una fuerte sanción contra actos terroristas y que "como hemos visto existen claros antecedentes y debemos estar preparados para afrontarlos y castigarlos duramente".

Asimismo se busca dotar de las herramientas jurídicas necesarias al gobierno capitalino para castigar actos de ese tipo, pues si bien en el Código Penal Federal existe ese tipo penal, la Procuraduría de Justicia local es la que "debe tener competencia en la investigación de estos ilícitos".

Sobre todo porque la ciudad de México es la sede de los Poderes de la Unión, por lo que es indispensable la colaboración y coordinación de los distintos niveles de gobierno, enfatizó.

Tras los atentados perpetrados en Morelia, Michoacán, aseveró, el Distrito Federal debe adecuar su derecho a la realidad, pues se han presentado incidentes similares como la detonación de un explosivo en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública local en febrero de este año.

mvc