La Corte admitió a estudio uno de los juicios de amparo que promovieron todos los sectores empresariales del país, así como un grupo de "intelectuales", en contra de la reforma constitucional en materia electoral, que aseguran es violatoria de garantías, entre otras cosas, porque afecta la libertad de expresión.

Se trata, de momento, tan sólo de una victoria parcial, porque a partir de mañana comenzará a revisar los temas que plantearon los empresarios en 41 juicios de amparos más, y será en esta fase cuando decida si les concede o no la razón.

Al admitir el primer juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que abre la posibilidad de que cualquier ciudadano, y no sólo los partidos políticos, puedan impugnar y echar a bajo una reforma a la Constitución.

Los ministros del máximo tribunal del país determinaron que mediante un juicio de amparo sí se puede cuestionar el proceso legislativo que se siguió para aprobar una reforma a la Carta Magna si estima que dicho proceso fue irregular o estuvo viciado de origen.

Y, por este motivo, determinaron revocar la decisión que emitió un juez que, en primera instancia, se negó a admitir la demanda que se promovió el Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato Patronal, en contra de la reforma electoral, por considerarlas notoriamente improcedentes.

La mayoría de ministros se pronunció por admitir las demandas de los empresarios y de los "intelectuales", que entre otras cosas, aseguran que la reforma atenta contra la libertad de expresión por prohibir que particulares puedan contratar espacios de radio y televisión para influir en las campañas electorales.

Dicha decisión no garantiza que al final la Corte vaya concederles el amparo.

Incluso, existe la posibilidad de que después de revisar el caso la Corte concluya que, en el fondo, los empresarios no tienen la razón y de que no se violó el proceso legislativo que llevó a cambiar la Carta Magna.

Pero el criterio emitido en este caso sí permitirá que en el futuro los ciudadanos puedan estar al pendiente de que una reforma no se apruebe mediante un proceso irregular que de por resultado cambios que afecten a la población.

fml