Organizaciones cívicas de Estados Unidos destacaron hoy la iniciativa de ley presentada por dos
senadores demócratas para proteger a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de las detenciones y deportaciones ilegales.

El proyecto de ley "Protección de Ciudadanos y Residentes de Redadas y Detenciones Ilegales" (S3594) fue presentado por los senadores demócratas Robert Menéndez y Edward Kennedy.

La consejera legislativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Joanne Linn, dijo que desde "hace tiempo" hacía falta ese tipo de protecciones tras las numerosas redadas que han afectado a muchas familias.

Manifestó que la propuesta será la primera que requiera que el Departamento de Seguridad Interna (DHS), bajo la cual opera la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), siga el debido proceso al llevar a cabo las redadas.

Indicó que el año pasado 300 mil personas fueron deportadas. La ACLU ha demandado al DHS por detenciones y deportaciones ilegales, incluyendo a ciudadanos estadunidenses. Indicó que uno de ellos es Pedro Guzmán, nacido en California y deportado por error a México en 2007.

El director de la Fundación Estadounidense de Leyes de Inmigración (AILF), Ben Johnson, dijo que el proyecto establecerá normas mínimas al trato a ciudadanos, residentes e inmigrantes
afectados por las redadas.

La AILF "elogia" a los senadores Kennedy y Menéndez "por sus esfuerzos de reintroducir el Estado de Derecho y los principios básicos de justicia y humanidad en la aplicación de las leyes de inmigración", dijo Johnson.

"No es un secreto que a cientos de detenidos de la ICE se les ha negado flagrantemente no sólo las protecciones bajo el debido proceso sino también un trato justo que merece cada persona sin considerar su estatus migratorio", denunció.

"Ciudadanos estadounidenses y residentes legales han sido detenidos por error, se han tomado represalias contra trabajadores por cumplir sus derechos para organizarse en sus centros laborales y funcionarios del DHS han hecho redadas en casas privadas sin permiso", señaló.

Margaret Huang, directora de la organización Rights Working Group, manifestó que la propuesta incluye mejoras en las condiciones de los centros de detención y mecanismos de supervisión a las autoridades federales.

nga