En Nueva York, un grupo prevé cubrir hoy de basura una escultura de bronce de un toro cerca de Wall Street, la cual se convirtió en una representación visual del dinamismo de los mercados en sus buenas épocas.

La acción simboliza el enfado de muchos ciudadanos comunes por el desastre que han causado los magnates financieros del país y refleja las pocas ganas que tienen de poner sobre la mesa 700 mil millones de dólares de dinero público para rescatar a entidades financieras, como propone el plan del Gobierno.

Las manifestaciones efectuadas hasta ahora, la mayoría convocadas por grupos de izquierda, no han sido desde luego multitudinarias.

Sin embargo, es posible que la participación aumente si se confirma el acuerdo anunciado hoy por el demócrata Cristopher Dodd, presidente del Comité de Banca del Senado, sobre los principios del plan de rescate financiero que negocia el Gobierno con el Congreso.

Entre tanto, los particulares no ocultan su enojo.
"Mis teléfonos suenan sin parar y son casi 100 (llamadas) contra 1 en contra de esto" , dijo hoy el senador republicano Jim Demint, de Carolina del Sur, en una entrevista con el canal de televisión Fox News.

"La gente que ha pagado sus cuentas y trabajado duramente cree que no debería ser castigada por lo que hicieron otros", añadió.

Del mismo modo, el congresista de Colorado Doug Lamborn señaló que un 96 por ciento de los quinientos mensajes electrónicos que ha recibido de su distrito es para quejarse del paquete de rescate.

"Es difícil discutir con la gente que dice que no hay que ayudar a los peces gordos que nos han llevado a esta situación", dijo.

La misma reacción han sentido los legisladores demócratas. La senadora Barbara Boxer, de California, ha recibido casi 17 mil correos electrónicos, prácticamente todos en contra del paquete, según dijo su oficina al diario "The New York Times".

El congresista Jim McDermont, del estado de Washington, ha tenido la misma experiencia. "La gente dice, protégenos a nosotros y no a Wall Street" , dijo Lambert.

Señaló que una de las cláusulas que tienen que aparecer en el proyecto de ley es un límite a los salarios de los directivos de empresas que se beneficien de la ayuda.

"En Japón ellos se habrían suicidado" , indicó McDermont.